La publicación en mayo del año pasado de las cifras abonadas por las cajas de ahorro de Castilla y León a sus altos cargos y a sus consejeros provocó al dia siguiente la llamada telefónica del secretario general de una de esas entidades a este periódico. Exigió una explicación y, sobre todo, una rectificación porque, indicó, era «imposible» que los consejeros hubieran cobrado las cantidades que se indicaba. Hubo que explicar que el trabajo recogía la propia memoria de la caja, firmada por los auditores correspondientes y aún así, insistió en que «no era posible». Sólo cuando se le resaltó que si lo que quería señalar era la existencia de errores en el documento, a pesar de la firma página por página del auditor, fue cuando expuso: «Está bien. Lo pasaré a los técnicos, a ver qué me dicen». No hubo nuevas llamadas.
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