El Gobierno regional ha acordado, mediante un decreto ley que deberán convalidar las Cortes, reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y endurecer el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas de Castilla y León, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones financieras vinculadas a la caja participada. Con la entrada en vigor de esta normativa, las entidades de ahorro de la Comunidad, excepto la resultante de la fusión entre Duero y España, celebrarán entre los meses de enero y febrero el proceso electoral para renovar a sus órganos rectores.
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