El Gobierno ha puesto en marcha una política cuyo objetivo es desmantelar derechos sociales y laborales. La reforma Laboral aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso facilita y abarata el despido, incrementa la temporalidad, da mayor poder a los empresarios y pone en riesgo elementos importantes de la negociación colectiva. Esta reforma junto con otras medidas promovidas por el Gobierno a través del Plan de Ajuste.
