El 20 de febrero, el Congreso aprobó la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.
Una vez entre en vigor, la ley establece que entes públicos y privados deben implantar un canal de denuncia en un plazo máximo de tres meses, que expirará antes de mediados de junio.
Se trata de una normativa que, en consonancia con las exigencias de la Unión Europea, busca regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción en el ámbito privado y público.
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