El Tribunal condena solidariamente a las tres entidades a abonar las indemnizaciones por los despidos de los trabajadores de la Fundación, que se negaba a pagarlas alegando “iliquidez”. El Banco CCM cargaba a la Fundación gastos que no correspondían a la actividad fundacional, casi un millón y medio en 2011 y más de 4,5 millones en 2012