El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previamente consensuado por los integrantes de la Mesa del Turismo de Andalucía: Junta Andalucía, CCOO, UGT y CEA, persigue acabar con la competencia desleal de la oferta 'alegal' de viviendas turísticas y convertirla en una actividad reglada que genere riqueza y permita aflorar el empleo sumergido.
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