El estudio se ha desarrollado en el marco de un proyecto -con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad,- que pretende impulsar el papel de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes legales, como actores de cambio en la mitigación y adaptación de los sectores productivos al cambio climático