Ya hace 10 años desde el inicio de la reestructuración del sector de cajas de ahorro a partir de la publicación del real decreto 11/2010 que comportó su transformación en bancos y por lo tanto la eliminación de unas entidades que por su naturaleza y su función social eran lo que más se aproximaba a una banca pública.

Las cajas de ahorro eran entidades arraigadas en el territorio, con un negocio ligado al ahorro familiar y al tejido productivo; con unos órganos de gobierno que contaban con la participación de trabajadores, entidades sociales, clientela, en algunas con representación de los poderes públicos; con una red de oficinas y unos productos que evitaban la exclusión financiera y una obra social que permitía que los beneficios de la actividad financiera llegaran a apoyar a proyectos sociales, culturales, investigación...