El decreto vigente, de 2012 pero cuyos contenidos provienen del siglo pasado, no responde a las nuevas realidades de un servicio ya totalmente externalizado, que prestan no menos de 3.000 personas en CLM, casi todas mujeres. Sus tareas y competencias están mal definidas; los salarios son muy bajos y los contratos son precarios: solo trabajan durante el curso escolar, solo los días lectivos y sólo a tiempo parcial, con jornadas laborales muy cortas, a veces incluso por debajo de las dos horas diarias que como mínimo establece el convenio de referencia.