La denuncia es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y por lo tanto de la democracia. Sin embargo, a los trabajadores que informan sobre actos ilícitos se les da frecuentemente poca o ninguna protección y están a menudo sujetos a represalias. Casos recientes han puesto de relieve la necesidad de protección para los denunciantes y han reforzado las exigencias de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de una protección de plena cobertura a nivel de la UE.