La discriminación en el trabajo pone en peligro la salud y seguridad de todas las personas trabajadoras
28 Abril: Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
En la Europa de los últimos años, tras la crisis económica, asistimos a un panorama de recortes y pérdidas de derechos que, unido a fenómenos como el avance electoral de la ultraderecha o el Brexit, constituye un terreno abonado en el que germinan con éxito las proclamas xenófobas, racistas y machistas que dividen a la clase trabajadora según su nacionalidad, creencia, género, edad u orientación sexual.
La desesperación en la búsqueda de un empleo o el miedo a perderlo desvía la atención de las condiciones de trabajo y allana el camino para las desigualdades. La imposición de unas condiciones de trabajo más desfavorables para un colectivo concreto no sólo es una injusticia, sino que constituye un precedente que finalmente termina por extenderse al resto de las personas trabajadoras. Y cuando la pérdida de derechos afecta a la protección de la salud y seguridad en el trabajo se convierte en un riesgo para la salud de todas y todos.
En el ámbito laboral, la precariedad es la manera más habitual de discriminar. La precariedad se ha convertido en el modelo principal de inserción al empleo y los colectivos que se han visto obligados a pasar por su filtro son los que mantienen peores condiciones, y por tanto, los que tienen mayores riesgos de sufrir daños derivados del trabajo, sean accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Mujeres, migrantes, jóvenes y, en general, los colectivos más vulnerables son discriminados a la hora de acceder a un puesto de trabajo, abocándoles a ocupar aquellos trabajos que acumulan mayores tasas de temporalidad y parcialidad, a su vez relacionados con mayores índices de siniestralidad.
La siniestralidad laboral en España no ha dejado de incrementarse desde la aprobación de la reforma laboral
Desde la aprobación de la reforma laboral en 2012 se rompió la tendencia en la reducción generalizada de la siniestralidad que se venía registrando desde el año 2000. El discurso oficial que asocia este incremento del número de accidentes de trabajo a la recuperación de la actividad económica y del empleo es falso, ya que también se han producido incrementos significativos de los índices de incidencia que expresan la siniestralidad relativa, independientemente del volumen de población empleada. Los daños a la salud derivados de la actividad laboral se han incrementado porque han aumentado la precariedad y la intensificación del trabajo y por la debilidad del sistema preventivo español.
El incremento de la precariedad tiene su origen en el debilitamiento de la negociación colectiva y en la pérdida de derechos
El actual mercado de trabajo está determinado por diversos factores de precariedad. La temporalidad caracteriza a más del 90% de los nuevos contratos firmados cada año. La duración de los mismos es muy escasa, el 40% dura menos de un mes. Y los contratos a tiempo parcial ya suponen más de un tercio del total, siendo la inmensa mayoría no voluntarios. La alta rotación de contratos de tan corta duración impide garantizar los derechos de información y formación sobre los riesgos y medidas preventivas existentes en la empresa. Por otra parte, cada vez es más frecuente y está más extendida la descentralización productiva entre las empresas españolas, lo que provoca una externalización de los riesgos laborales hacia los autónomos y trabajadores de PYMES y subcontratas. Pero lo más grave es que prácticamente todos estos indicadores de precariedad empeoran si nos centramos en los colectivos más vulnerables, convirtiéndose la desigualdad en uno de los factores que influye más negativamente en los daños para su salud.
Las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir una enfermedad laboral
Desde 2013 el número de partes comunicados de enfermedad profesional con baja en mujeres es superior en términos absolutos al de los hombres a pesar de ocupar un volumen menor de población empleada, y desde que en 2012 repuntó la siniestralidad, los incrementos de los accidentes de trabajo en mujeres son superiores que entre los hombres. Las condiciones de trabajo en los sectores y actividades más feminizados han sufrido con más rigor los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste, lo que unido a la falta de políticas eficaces de igualdad de género y de conciliación en las empresas contribuye al deterioro de la salud de las trabajadoras.
Los jóvenes tienen más riesgo de sufrir un accidente laboral
Los índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en el año 2015 entre los menores de 30 años superan ampliamente la media del resto de las personas trabajadoras, siendo la situación más grave en el tramo entre 16 y 19 años (44% de desviación). La altísima tasa de desempleo que sufre el colectivo, y la precarización de sus empleos, condenan a nuestros jóvenes a unas condiciones de trabajo que ponen en riesgo su seguridad y salud.
La siniestralidad laboral mortal entre las personas mayores es preocupante
Es más fácil perder la vida para la población laboral de más edad. A partir de los 55 años los índices de incidencia de los accidentes de trabajo mortales se duplican debido a la falta de políticas preventivas que garanticen la adaptación o el cambio del puesto de trabajo en función de sus características personales, así como de una vigilancia de la salud adecuada, tal como exige la legislación.
La economía sumergida oculta los daños para la salud de las personas migrantes
La población migrante se ve abocada en muchos casos a las actividades y sectores más precarizados y, lo que es todavía peor, a la economía sumergida. La prevención de riesgos en los trabajos ?en negro? es inexistente y los daños ocasionados a la salud no se registran en estas situaciones de explotación.
Las personas con discapacidad tienen mayores riesgos de sufrir acoso en el trabajo
Las personas con discapacidad sufren con mayor frecuencia acoso laboral. Los derechos que les asisten en relación a la adaptación del puesto de trabajo son con frecuencia el origen de estas conductas, ocasionando en este colectivo tan vulnerable estrés labo- ral y el deterioro de su salud.
En este contexto y en el marco del 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Tra - bajo, CCOO y UGT nos reafirmarnos en la idea de que para mejorar la prevención de riesgos y reducir los daños a la salud producidos por el trabajo es necesario acabar con las desigualdades y para lograr este objetivo proponemos:
- Derogar las normas que han impedido que todos los colectivos tengan el mismo grado de protección de su salud, en particular las reformas laborales que han extendido la precariedad, instalado el miedo a perder el empleo, individualizado las relaciones laborales, dificultado el ejercicio efectivo de derechos y profundizado en las desigualdades.
- Revertir la reforma del marco jurídico de las Mutuas que supuso un recorte en los derechos de trabajadoras y trabajadores y que sólo ha servido para que éstas invadieran competencias de los servicios públicos, privatizando la gestión de actividades que deberían ser exclusivas de la Seguridad Social.
- Intensificar las políticas activas en materia de prevención dotando con los suficientes medios económicos y humanos a los organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en Trabajo o los institutos autonómicos.
- Reforzar los mecanismos de control del cumplimiento de la legislación en materia de igualdad en las empresas y de lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida. 4 Desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, haciendo especial hincapié en todas las cuestiones relacionadas con las enfermedades de origen laboral.
- En el marco de la empresa, es preciso que se recuperen las inversiones en prevención y la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales. La negociación colectiva está estrechamente ligada a la presencia de sindicatos en los centros de trabajo, lo que constituye la mejor garantía para el ejercicio de derechos y para la protección de la salud.
- El establecimiento de la figura del delegado de prevención territorial o sectorial, ya que en España existen más de un millón de empresas con menos de 6 trabajadores, en las que trabajan dos millones de personas que no tienen derecho a elegir un delegado de personal. El objetivo sería asegurar el ejercicio al derecho a la salud y a la seguridad y los niveles de protección a estos trabajadores en los mismos términos que en el resto de las empresas.
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