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Ley de Acceso Electr√≥nico de los Ciudadanos a los Servicios P√ļblicos."Algunos derechos s√≠, pero sin garant√≠a"

Ley de Acceso Electr√≥nico de los Ciudadanos a los Servicios P√ļblicos."Algunos derechos s√≠, pero sin garant√≠a"


La Ley de Acceso Electr√≥nico de los Ciudadanos a los Servicios P√ļblicos (LAECSP) ha sido aprobada tras sufrir numerosas mejoras por parte del Congreso de los Diputados y del Senado con respecto a las carencias del Proyecto de Ley original remitido por el Ministerio de Administraciones P√ļblicas (MAP).


Madrid/Bruselas 14 de junio de 2007

Hispalinux, FFII, RITSI, Comfia-CCOO, ATI, Internautas, Linux.es, Inciativa Focus, Legalventure, Iglues, ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, GCubo, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de la Documentación, EstándaresAbiertos.org

Dicho proyecto original no recog√≠a ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y est√°ndares abiertos, ni la pol√≠tica de interoperabilidad de la UE basada en los mismos. Tampoco era acorde a los propios informes internos del MAP, ni estaba alineado con la estrategia de sistemas abiertos generalizada en la d√©cada de los '90. Pero lo m√°s grave era que este proyecto de Ley, a pesar de anunciarlo, no ten√≠a en cuenta los derechos que la Constituci√≥n Espa√Īola reconoce a los ciudadanos y no los garantizaba a la hora de √©stos ejercerlos por medios electr√≥nicos.

Afortunadamente, gracias al apoyo que grupos políticos como Cha, BNG, IU, ERC, ICV o incluso del propio Grupo Socialista, algunos defectos importantes se han corregido. Pero desgraciadamente no todas.

Entre las que se han conseguido está la garantía de no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica. También se ha logrado definir por ley, con cierta precisión, lo que es un estándar abierto, algo que ya se había hecho en los países europeos más avanzados.


La eficiencia y econom√≠a del gasto p√ļblico no est√° garantizada.

Sin embargo la LAECSP concede a los ciudadanos el curioso ¬ďderecho¬Ē a dirigirse electr√≥nicamente a los servicios p√ļblicos no solo con "est√°ndares abiertos" (aquellos que son p√ļblicos y no tienen restricciones legales ni dependencias tecnol√≥gicas para su uso por parte de cualquier ciudadano o entidad) sino que "en su caso y de forma complementaria" tambi√©n con aquellos formatos, protocolos o interfaces que, siendo exclusivos, secretos o patentados, "est√°n ampliamente extendidos", extensi√≥n que se explica b√°sicamente en funci√≥n de la posici√≥n dominante de algunas multinacionales norteamericanas de software.

Esto hace que se pongan las condiciones para que las administraciones p√ļblicas incrementen su cautividad tecnol√≥gica y su dependencia de un solo proveedor, dado que, cuando un ciudadano decida usar uno de estos formatos, estar√°n obligadas por ley a atenderle y por tanto a pagar las regal√≠as y posibles patentes para hacerlo. Este hecho es especialmente grave dado que supondr√° un fort√≠simo incremento del gasto p√ļblico en TIC que todos pagamos. Un derroche por otro lado absolutamente innecesario pues en todos los casos, esos formatos, protocolos o interfaces pueden ser f√°cilmente sustituibles por est√°ndares abiertos existentes.

Esta parad√≥jica situaci√≥n quebranta el art√≠culo 31 de la Constituci√≥n Espa√Īola, aquel que establece que el gasto p√ļblico responder√° a los criterios de eficiencia y econom√≠a. Por l√≥gica, si solo permitiera el uso de "est√°ndares abiertos" no discriminar√≠a a los ciudadanos por su elecci√≥n tecnol√≥gica y adem√°s cubrir√≠a plenamente las necesidades y obligaciones de las AAPP a un coste econ√≥mico y de dependencia tecnol√≥gica mucho menor.

El Estado paga a una entidad privada un canon por algo a lo que no est√° autorizado

Los equipos, aparatos y soportes materiales utilizados por las Administraciones P√ļblicas para la realizaci√≥n de documentos y ficheros administrativos as√≠ como los usados de forma instrumental o para el ejercicio de sus potestades no pueden en ning√ļn caso usarse para realizar copias privadas de contenidos sujetos a derechos de autor sin embargo no estar√°n exentos del pago de la compensaci√≥n equitativa y √ļnica por copia privada, conforme establece el art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual dado que no ha sido aprobada la enmienda presentada para corregir este dislate legal.

El principio de transparencia y el derecho a conocer todo lo relativo a los procesos p√ļblicos no est√°n garantizados.

Los ciudadanos deberían tener derecho a auditar el código fuente de los sistemas informáticos que tramitan sus expedientes y procedimientos administrativos. Deberían poder conocer la totalidad del proceso automatizado mediante la informática.

Sin embargo, la Ley concede esa facultad a un √ļnico "organismo" encomendado a tal efecto. Por tanto, no hay garant√≠as de que sea posible conocer con total transparencia las operaciones, procesos y transacciones que se realicen con los datos de los ciudadanos. Tampoco poder conocer y aportar mejoras al funcionamiento interno de nuestras instituciones. Esto por ende supone una importante merma de la calidad democr√°tica de nuestro Estado 

El derecho al uso y aprovechamiento de los bienes p√ļblicos por parte de los ciudadanos y empresas no est√° garantizado.

La ley no pone a plena disposici√≥n de los ciudadanos y empresas todo el software, la informaci√≥n y el conocimiento generado en la implantaci√≥n de la Administraci√≥n Electr√≥nica y que es sufragado con el erario p√ļblico. Esto, adem√°s de ser un derecho b√°sico consagrado en los art√≠culos 44 y 128 de la Constituci√≥n Espa√Īola y de tener un coste cero, constituir√≠a la medida m√°s eficaz para el impulso de la sociedad del conocimiento libre para todos y la mejora de la competitividad de nuestra econom√≠a. √Čsto supondr√≠a, en definitiva, un revulsivo de muy bajo coste para la base tecnol√≥gica de las empresas de todos los sectores productivos del Estado.

En base a todo esto, los abajo firmantes instan a los grupos parlamentarios a introducir los cambios necesarios en el proyecto de ¬ďLey de medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci√≥n¬Ē (LISI) para que modifique la LAECSP de forma que se subsanen estas carencias.

Tambi√©n instan a modificar la Ley General de Telecomunicaciones para que el acceso a Internet sea un servicio universal y neutro independientemente del medio, y sea atendido por operadores de telecomunicaciones como tal. De esta forma todos los ciudadanos estar√°n efectivamente en igualdad de condiciones a la hora de acceder a los Servicios P√ļblicos electr√≥nicos.


Firmantes:


  • Jorge Fuertes, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Espa√Īola de Usuarios de Software Libre¬Ē (Hispalinux), Madrid, +8.000 miembros, √°mbito estatal
  • Pieter Hintjens, presidente, y Alberto Barrionuevo, vicepresidente, en nombre de ¬ďF√∂rderverein f√ľr eine Freie Informationnelle Infrastruktur eV¬Ē (FFII), Munich, +100.000 ¬ďsupporters¬Ē, +2.000 ¬ďactive members¬Ē y +3.000 ¬ďcorporative members¬Ē, √°mbito internacional.
  • Asier Mart√≠nez Hern√°n, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Nacional de Estudiantes de Ingenier√≠a e Ingenier√≠as T√©cnicas en Inform√°tica¬Ē (RITSI), Sevilla, +100.000 miembros, √°mbito estatal y profesional (inform√°tica).
  • Francisco Gonz√°lez, miembro de la Secretar√≠a de Comunicaci√≥n, en nombre de ¬ďFederaci√≥n de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO¬Ē (Comfia-CCOO), Madrid, +100.000 afiliados, √°mbito estatal y profesional.
  • Julian Coccia, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Linux Espa√Īol¬Ē (linux.es), Salamanca, 12.985 suscriptores, √°mbito iberoamericano.
  • Fernando Piera, vicepresidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n de T√©cnicos en Inform√°tica¬Ē (ATI), Barcelona, +3.600 miembros, √°mbito estatal y profesional
  • V√≠ctor Domingo, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n de Internautas¬Ē (Internautas), Madrid, +2.000 miembros, √°mbito estatal.
  • Antonio Rivera, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Iniciativa Focus¬Ē, (Iniciativa Focus), M√°laga, +400 miembros, √°mbito regional (Andaluc√≠a)
  • Roberto Brenlla, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n de Usuarios GNIX¬Ē (AGNIX), Santiago de Compostela, +60 miembros, √°mbito regional (Galicia).
  • Antonio Rueda, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Malague√Īa de usuarios de Linux de M√°laga¬Ē (LiMa), M√°laga, +130 miembros, √°mbito provincial (M√°laga)
  • Pablo √Ālvarez de Sotomayor, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Linux C√≥rdoba¬Ē (LiCor), C√≥rdoba, +30 miembros, √°mbito provincial (C√≥rdoba)
  • Arturo Gonz√°lez Ferrer, president, en nombre de "Grupo de Usuarios Gnu/Linux de Granada" (GCubo), Granada, +40 miembros, √°mbito provincial (Granada)
  • Juan Carlos Moral Pay√°, presidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n de Inform√°ticos Penitenciarios¬Ē, Valencia, +70 miembros, √°mbito nacional.
  • Gonzalo Luis Aller Arias, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n de Empresas de Software Libre de Canarias¬Ē (ESLIC), Santa Cruz de Tenerife, 12 empresas con m√°s de 40 trabajadores, √°mbito regional (Canarias) y empresarial (inform√°tica)
  • Jos√© Ra√ļl Vaquero, presidente, en nombre de ¬ďFundaci√≥n Ciencias de la Documentaci√≥n¬Ē, M√©rida, √°mbito iberoamericano y profesional (documentalistas).
  • Ren√© M√©rou, vicepresidente, en nombre de ¬ďAsociaci√≥n Iniciativa de Gesti√≥n Libre Universal para Empresas y Sociedades¬Ē (Iglues), Palma de Mallorca, 40 miembros, √°mbito nacional
  • Jos√© Mar√≠a Lancho, presidente, ¬ďAsociaci√≥n Legalventure¬Ē (Legalventure), Madrid, √°mbito estatal y profesional (abogac√≠a).
  • Alberto Barrionuevo, coordinador, en nombre de Proyecto Est√°ndaresAbiertos.org (proyecto jur√≠dicamente dependiente de OPENTIA, S.L., Colmenar Viejo), 61 participantes, √°mbito iberoamericano y profesional (inform√°tica).