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Jazztel vuelve a demostrar su dudosa ética empresarial


La desfachatez del Sr. Pujals parece no tener limites como demuestran las últimas declaraciones donde Jazztel afirma que su compañía no es responsable de los 800 despidos de las plataformas de Coruña que dan el servicio de atención al cliente de esta compañía.

Afirman que ellos no despiden a nadie, porque los trabajadores no forman parte de su plantilla, sino de las empresas subcontratadas por ellos (Teleperfomans y Spring).


Esto no es solo una muestra más del grado de hipocresía al que desgraciadamente no esta acostumbrando la empresa de telecomunicaciones, sino que demuestra una falta total de respeto tanto a los trabajadores despedidos como a las empresas subcontratistas que han generado una inversión en la zona.

Jazztel, no solo ha roto el compromiso que tenia de permanencia por cuatro años, sino que además niega un aplazamiento de los despidos hasta fecha 30 de septiembre como demanda CC.OO., con el objeto de dar tiempo a las empresas subcontratistas para que puedan reubicar al mayor número de trabajadores posible en otras campañas y de esta manera minimizar el daño causado por la empresa principal Jazztel.


Para acabar el comunicado de la empresa en un intento burdo de limpiar su imagen, afirma que se llevaran el servicio a Argentina y que los trabajadores de allí no serán subcontratados sino empleados directos de Jazztel, porque la compañía quiere tener controlado directamente los servicios de producción de sus call center. Lo que no dice la compañía, es que estos trabajadores podrán, ¿ o no?, ser empleados directos de Jazztel si, pero con un coste por empleado 2/3 menor a lo que aquí en España pagan las subcontratas establecido por el Convenio Estatal de Telemarketing, se les olvida mencionar que el convenio que aplican allí no es el del sector, sino uno de categoría inferior, también curiosamente la compañía omite, que la empresa despido en abril a más de 100 trabajadores por presunto fraude en la ciudad de Córdoba Argentina.


Desde CC.OO. se exige el aplazamiento inmediato de los despidos, hasta al menos el 30 de septiembre y abrir una mesa de negociación que palie los efectos de esta feroz deslocalización.