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España y su futuro; Una visión sindical

España y su futuro; Una visión sindical


Club siglo XXI Madrid 30 de Enero de 2006

El Club Siglo XXI vuelve a demostrar su generosidad y amplitud de miras al invitar al S.G. de CC.OO. a exponer la visión del sindicato, ahora sobre el futuro de España, como lo hizo en noviembre de 2003, en el ciclo sobre 25 años de la C.E. Yo lo agradezco en nombre de mi sindicato, y también a título personal, y voy a ser sincero y claro, dentro de mis limitaciones.

Mariano Guindal, profesional prestigiado de la comunicación y decano de los informadores de economía y trabajo, accedió amablemente a ser hoy aquí mi presentador, seguramente por la amistad que nos une desde hace muchos años y que excede del campo profesional. Yo se lo quiero agradecer aquí, ante Vds, porque lo aceptó “a bote pronto” y porque me honra con su amistad y benevolencia que nunca ha empañado su libertad de juicio sobre mi persona y mi sindicato. Muchas gracias, Mariano, por tu presentación y tu amistad. Y muchas gracias por tu trabajo, agradecimiento que quiero extender a todos los profesionales que cubrís nuestra área de incidencia. Gracias a vosotros los sindicatos españoles, los agentes económicos y sociales, las relaciones laborales colectivas, el llamado diálogo social son parte no desdeñable del menú informativo, con mayor incidencia que en países vecinos y se nos permite gozar de legitimación y crítica, se nos ayuda a aprender. 

 En correspondencia con esto, CC.OO. intenta, supongo que no siempre con éxito, transmitir decisiones, criterios, análisis u opiniones con la mayor claridad y transparencia. Esta voluntad está basada en la convicción de que en las sociedades abiertas la acción comunicativa entre las personas y los agentes es pilar básico de la construcción de decisiones acertadas (y a ser posible concertadas) porque sólo lo que se sostiene ante el público y se somete abiertamente a crítica tiene visos de verosimilitud o acierto, ya que se filtra por el cedazo del “sentido común”. 

Como no soy ni profeta o visionario ni pragmático o cortoplacista, no puedo arriesgarme a hacer un pronóstico de “España y su futuro” o lo que es lo mismo del futuro colectivo de los españoles y españolas. La profecía es un don que no he recibido y el pragmatismo cortoplacista, en el caso de la organización CC.OO., no es de recibo, si nuestro ideario no es sólo un salvoconducto. Porque la solidaridad, la cohesión, la lucha por la justicia social, que aspira a ambas, nos obliga no sólo a pensar en el futuro de todos, sino a construirlo para que no sea –con nuestro beneplácito- cualquier cosa. 

Para CC.OO. el sentido de las cosas no está en el presente sino en el futuro. CC.OO. nació como un movimiento sociopolítico contra el franquismo pero se orientó hacia la construcción democrática de lo que entonces era el futuro. Y ahora, ya en democracia, cuando vemos en la C.E. (Apdo 2 del Art. 9) que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural” encontramos ahí el sentido y el futuro que no se agotarán.

También hallamos futuro y encontramos sentido cuando leemos en el maltrecho “Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”, cuyo preámbulo cita a Tucídides (“nuestra constitución se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos, sino de la mayoría”) postular para la UE “los valores que sustentan el humanismo: la igualdad de las personas, la libertad y el respeto a la razón”. 

Hago estas reflexiones –no disgresiones- para avisar de que el futuro no está escrito, pero se construye desde hace tiempo. Sobre todo a los jóvenes –a los que tanto les debe ilusionar el futuro- conviene decirles que el mundo, Europa y España no se inventan cada día. Que la aportación –positiva o negativa, de cada persona o agente – lo prefigura pero que, si prima el principio de responsabilidad, sólo caben decisiones responsables si se responsabilizan del futuro que es tanto como tomarlas pensando en los que aún no tienen voz, porque no han aparecido en escena (no para suplantarles, pero sí para no malograrles al menos). Quizás por ello los “sin voz” deben ser los primeros en ser oídos, en cualquier proyecto justo.

Por ello y como preliminar conclusión de esta parte, pienso que hablar de España y su futuro incluye reconocer que el presente también es un puente del pasado (inamovible) al futuro y que no vale, por responsabilidad, descargar ésta en el aserto vulgar y cínico de “qué sabemos de cómo va a ser esto dentro de veinte o treinta años”. No sabemos, pero debemos querer saber y querer que sea de alguna forma. 

Ahora los profetas se inclinan a vaticinios de incertidumbre económica, laboral, social, política, etc... basándose en lo que llaman “nuevas realidades” –yo creo que siempre, afortunadamente, hay novedades- y a nosotros, que aceptamos y asumimos voluntariamente la responsabilidad, el hacernos cargo de las cosas y del mundo (muchas de las personas que hay en esta sala, y en particular las personas jóvenes) a nosotros nos cabe, con la acción orientada por el “sentido común”, acotar las incertidumbres, dar más seguridad, proyectar con sentido el futuro. 

I 

Por iniciar la reflexión por algún campo, tomemos la economía, los llamados retos económicos.

Nos preocupa, por ejemplo, la competitividad de nuestro aparato productivo. Nos preocupa y la preocupación se vincula con frecuencia a la llamada globalización. Nos preocupa la competitividad justamente, porque sabemos que nuestra balanza comercial es muy negativa, y que la caída sigue. Y una economía poco competitiva es la precondición de una sociedad más pobre y, por ello, menos cohesionada. Y todos decimos que debemos contribuir a ser más competitivos.

CC.OO., hace tiempo, perdió el miedo a denunciar la caída de la competitividad. El sindicato ve en riesgo el empleo de calidad. El sindicato sabe –como negociador salarial- que hace ya tiempo que Kaldor asentó que no hay vinculación directa entre mejoras de precios y costes relativos de una economía y su competitividad en los mercados internacionales y que el valor añadido que significa la diferenciación del producto, la marca, la calidad, la innovación y la tecnología abre una nueva vía de competitividad sobre todo en mercados de moneda única, donde no pueden hacerse depreciaciones competitivas. El sindicato sabe que la productividad va a determinar la “competitividad global” que es tanto como asegurar el crecimiento a largo plazo, y la mejora gradual de los salarios y de la renta de las personas. 

Como reitera en sus conclusiones el World Economic Forum, los salarios bajos suelen ser signos de baja productividad y competitividad baja. China, por ejemplo, no va a ser siempre una “reserva de mano de obra barata”. China acumula capital y desarrolla nuevas tecnologías y saltará hacia otro escalón de valor añadido y abandonará su actual posición para apoyarse en las nuevas ventajas comparativas dejando a otros países y economías su anterior posición. Esto no se sabe ahora. Hace dos siglos –y lo señala bien Guillermo de la Dehesa- nos lo dejó escrito David Ricardo.

El que China sea una dictadura y nosotros seamos democracia, el que China planifique, digamos, “políticamente”, la economía y nosotros dejemos que la economía vuele sin planificación, ¿va a ser una ventaja para China? Si en España coincidimos en el diagnóstico los agentes económicos y sociales, los prescriptores económicos y los políticos, ¿no nos indica que urge coordinar esfuerzos para reforzar la conectividad expresada en el diagnóstico y trasladarla a la acción?

No podemos seguir descansando en las viejas ventajas comparativas –y el precio de la mano de obra española, y en particular de la inmigrante, sigue siendo ventaja- y convertir estas ventajas en cepos que nos detengan. Está indicado qué nuevas ventajas competitivas debemos adquirir: educación, cualificación permanente del capital humano, innovación, investigación tecnológica. ¿Cuándo vamos a dirimir el dilema de cómo prorratear el coste de esta adquisición? 

El recién prorrogado ANC muestra una decidida voluntad de garantizar dos cosas: la mejora racional de los salarios fijados en la negociación colectiva y la negativa a dejarse arrastrar a la espiral inflacionaria. Dudo –con todo respeto a la Administración, a las múltiples Administraciones, pero con bastante fundamento- de que el incremento sostenible del gasto público educativo sea un objetivo prioritario del Gobierno y del Parlamento. Dudo de que la inversión pública y el incentivo de la inversión privada en I+D+i sea un objetivo político, por ejemplo, más radical que el seguir la senda de reducción de la imposición de manera ineficiente y con discutibles criterios de justicia distributiva de las cargas.

Como consecuencia del Diálogo Social, de lo que luego hablaré, se inauguraron unos “Observatorios Sectoriales” para analizar, pronosticar e indicar acciones en sectores estratégicos de nuestra industria. Los citados observatorios no han producido nada, excepto la noticia gráfica de su constitución tripartita en la sede del Ministerio de Industria. 

Se conoce nuestra dependencia energética. Se sabe de la grave repercusión del precio de la energía en la industria. Y hablar sobre la conveniencia de reconsiderar decisiones sobre alguna energía –la nuclear- es convertirse en diana de todos los dardos. 

Nuestro modelo social se tambaleará en la siguiente generación –y sigo pensando en los jóvenes que veo y hablando para ellos- si nuestro llamado “modelo de crecimiento” sigue teniendo como motores el crecimiento de los servicios y la construcción de viviendas. Nada debe ser despreciado en la tarea del desarrollo económico y social, pero el apoyo al tejido industrial innovador, su cuidado y protección es lo único que puede conjugar incremento de la competitividad, mejora del empleo en calidad y garantía de un futuro próspero. Es lo único que –también en la UE- puede evitar el terror por las llamadas deslocalizaciones industriales, para que cuando ocurran –que ocurrirán y han ocurrido siempre- aquí haya tejido industrial sano y competitivo que cierre la brecha que dejen.

Contentarse con aumentar el número de becas y títulos universitarios y abandonar la Formación Profesional de calidad, considerar el mix de energías sólo desde el ángulo de visión medioambiental, o reducir la imposición para que la gente puede consumir más o vivir mejor son más reclamos electoralistas que propuestas con sentido de futuro. A la sociedad se la debe –desde la política- lealtad y plantearle problemas y soluciones, incluso pedirle sacrificios y dosificar bien las cargas –con justicia y realismo-, sería una buena manera de cercenar derrotismo, acotar incertidumbre y proyectar para el futuro de España objetivos, tareas comunes, trenzar ilusiones y solidaridades y evitar riesgos. En estos aspectos Gobierno y oposición no deberían ser tales y Gobierno deberíamos ser todos los que voluntariamente asumimos alguna responsabilidad.

La UE nos ha aportado al menos dos ingredientes de éxito: la “moneda fuerte” (cuyo valor ahora, con nuestra mala balanza comercial, es más visible) y aportaciones económicas notables para nuestro desarrollo. El impulso de estos dos propulsores se agota. Nosotros, España, debemos ahora devolver a Europa algo de lo que nos ha dado, en forma de impulso a la construcción económica y política. La renacionalización de Europa sería no un retroceso, sería catastrófica. Las tendencias centrífugas deben contrapesarse con un fuerte impulso político y de políticas económicas y por ello nos ha parecido lamentable que las perspectivas financieras de la UE, tras la ampliación, hayan sido despachadas con una solución insuficiente y cínica, que al acabar de dilucidarse se ha proyectado, al menos aquí, como un éxito “porque nosotros no hemos quedado mal”. 

El futuro de España en el plano económico se escribe ahora. De que adoptemos concertadamente al menos algunos de los ejes (más integración europea, más desarrollo industrial y de los factores que lo impulsan –educación, I+D+i-) o no lo hagamos, alguien nos responsabilizará en pocos años. Los sin voz del futuro están entrando en escena y ya nos están mirando. 

II 

El correlato laboral de lo dicho del plano económico podría explicarse enunciando las reivindicaciones sindicales, pero como las más importantes de ellas están ahora volcadas en el llamado Diálogo Social y hay sobre el tapete de la negociación asuntos de interés, voy a ceñirme al guión del Diálogo Social.

Todos Vds. saben que el día ocho de julio de 2004 en el Palacio de la Moncloa el Presidente del Gobierno suscribió con los Presidentes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y con los Secretarios Generales de UGT y CC.OO. una “Declaración para el Diálogo Social” que incluía una agenda o índice de materias a abordar –algunas ya resueltas- y una introducción solemne y de mucho relieve donde se proclamaba por los firmantes un diagnóstico o análisis de déficits en el campo económico, laboral y social que obligaba a que los negociadores incluyeran como objetivos el avance simultáneo de tres vectores conectados: la competitividad de la economía, la calidad del empleo y la cohesión económica y social.

Se discutió bastante, no sólo la agenda de materias a dialogar, sino también el prólogo o declaración. La preocupación por la competitividad (balanza comercial, inflación) la calidad del empleo (precariedad de un segmento notable del empleo contratado) y la cohesión económica y social (franjas de exclusión, diferencias de renta y de niveles de desarrollo regionales, incertidumbres de futuro) mandaba y manda desarrollar en simultáneo los tres campos porque sin competitividad no habrá empleo de calidad, sin empleo masivo y de más calidad no habrá futuro para la cohesión y la quiebra de la cohesión debilitará también la competitividad.

Este diagnóstico indica qué tipo de competitividad queremos fomentar y me remito a reflexiones anteriores. Desde el punto de vista sindical creemos que la calidad del empleo es un buen medidor de la competitividad y la productividad y de la cohesión económica y social. 

De la agenda de negociación tripartita han salido acuerdos de interés. Reglamentación de la Ley de Extranjería, Decreto de Regularización extraordinaria de inmigrantes, regla para la extensión de Convenios Colectivos, capacitación a la negociación colectiva para intervenir en materia de jubilaciones anticipadas, incrementos de SMI y pensiones mínimas y establecimiento de un índice de referencia (IPREM) para rentas y prestaciones públicas, desarrollo de la Previsión Social Complementaria y un acuerdo importantísimo –al que luego aludiré de manera singular- para garantizar el apoyo a las personas con dependencia, y últimamente un acuerdo para renovar y desarrollar la Formación para el Empleo. De forma que hay acuerdos de interés y medidas acordadas que ya están en vigor y que favorecen a personas, a trabajadores y a empresas.

Ahora, sobre la mesa hay dos materias de mucho relieve y expectación: una posible reforma laboral y reformas posibles del sistema de pensiones de la Seguridad Social. 

En mercado de trabajo puedo decir que mi sindicato –y el resto de interlocutores sociales- tenemos voluntad de acuerdo. Y que el Gobierno, que también es interlocutor, manifiesta mucho interés en que acordemos. También que habrá acuerdo si sólo somos fieles al objetivo: reducir la precariedad –sin atentar contra la competitividad y la cohesión-. También que llevamos casi un año discutiendo y que consideramos que en unas semanas debemos buscar el acuerdo o asumir que, al menos por ahora, hemos fallado.

CC.OO. quiere limitar el fraude legal y el abuso en la contratación temporal, por ejemplo en encadenamiento abusivo de contratos temporales, quiere reformular el contrato de obra o servicio que se ha convertido en contrato comodín y descausalizado, quiere poner en la cadena de contratación y subcontratación responsabilidad solidaria sobre las condiciones de trabajo de los últimos –y penúltimos- trabajadores de la cadena y quiere que los convenios colectivos incluyan cláusulas concertadas para la igualdad de hombres y mujeres.

Si estos objetivos se instrumentan, deben incentivarse con políticas presupuestarias y con reducciones de cotizaciones sociales (desempleo). Si se pretende caminar en otra dirección el acuerdo será más difícil. 

En esta dirección, valoramos positivamente el Acuerdo logrado para intentar reducir la temporalidad en la Función Pública. 

Sostenemos con UGT estas posiciones porque sabemos que la combinación deseada de seguridad y flexibilidad debe buscarse en los marcos sectoriales de relaciones colectivas y no en la debilitación de los derechos y garantías de los contratos de trabajo. Y sostenemos que la desregulación laboral sólo pretende indirectamente reducir costes laborales –con el coste añadido de inseguridad para el trabajador- y que los costes laborales se negocian –creo que sin mucho conflicto- en los ámbitos “ad hoc”.

Deseamos un acuerdo, que no resolverá todos los problemas relacionados con la precariedad laboral porque las causas radicales –de raíz- de ésta hay que buscarlas en la deriva de un llamado modelo productivo malo para la competitividad y malo para la calidad del empleo. Y deseamos un acuerdo para abordar –esto bilateralmente con las OO.EE.- una reflexión y búsqueda de compromisos en el campo de las relaciones colectivas donde podríamos avanzar en dirección a la flexibilidad cogobernada compatible con la seguridad.

En materia de pensiones de Seguridad Social se puede decir que el Gobierno no ha puesto sobre el tapete ninguna medida de calado. Estoy convencido de que conseguiremos un acuerdo en semanas. Espero no equivocarme. Tampoco espero equivocarme si digo que, a pesar de la actual bonanza de la caja de la Seguridad Social, favorecida por el incremento notabilísimo del empleo durante los últimos diez años, en gran parte empleo inmigrante, y por reformas pactadas desde el Pacto de Toledo, la Seguridad Social tiene que seguir sometida a un proceso de reformas consensuadas y periódicas. Esto lo comparte todo el mundo, como la utilidad de las realizadas. Sería grave que la interrupción de la senda diseñada por el Pacto de Toledo –y recorrida con dos acuerdos sociales- se abandonase y se rompiera el consenso social y político. Entonces el futuro –no perdamos el hilo del discurso- sería incierto en un campo no sólo de sensibilidad, sino de necesidad. 

Las recetas son: incrementar en paralelo contributividad y solidaridad, preservar el carácter unitario de las prestaciones de la Seguridad Social y la caja única, seguir avanzando en el concepto de “jubilación flexible” –con coeficientes reductores e incentivos para reforzar la contributividad- y proseguir, con consenso político y social, vigorizando el sistema. No olvidar que el futuro no depende de la cuantía del Fondo de Reserva, sino de la cantidad y calidad del empleo y apuntalar la calidad de vida de los mayores con la extensión de los sistemas complementarios de previsión social vinculados a la negociación colectiva y con nuevos derechos como el de atención a las personas en situación de dependencia que voy a comentar a continuación. 

III 

He reflexionado sobre economía y trabajo en el presente y en el futuro y quiero hacerlo sobre sociedad española presente y futura. Valga para iniciar esta reflexión lo relativo a la política de atención a la dependencia producido como acuerdo en la mesa de Diálogo Social.

El atender a esta necesidad y contingencia se incluyó como obligación de futuro en el último acuerdo sobre reforma de pensiones que suscribimos en 2001 y en la última edición del Pacto de Toledo. Esto significa que no sólo desde las instituciones políticas, sino también desde la sociedad civil, se perciben las necesidades y se diseñan soluciones, que también son oportunidades para las organizaciones de intereses que vertebran la sociedad civil –OO.EE. y OO.SS.-.

Así, un Sistema Nacional de Atención a las personas en situación de dependencia es, en primer lugar, una construcción económica, jurídica y asistencial que quiere dar respuesta a una necesidad masiva. Pero, además, es una oportunidad importante para la inversión pública y privada, un gran yacimiento de empleo cualificado, una oportunidad para permitir a muchas mujeres incorporarse a puestos de trabajo remunerados liberándose del cuidado de familiares próximos y un eslabón más, como las pensiones, de solidaridad intergeneracional. Su inserción en la agenda del Diálogo Social tripartito se justifica porque responde a intereses de la economía, del trabajo y de la sociedad (competitividad, empleo y cohesión social). Para CC.OO. es, además, pero no lo más importante, una reivindicación histórica para ir remodelando el Estado Social. Sólo con pensiones no se satisfaría en el mercado esta demanda. Por eso hemos suscrito la elaboración de una norma básica que ampare un nuevo derecho subjetivo –el de atención socio-sanitaria a las personas en situación de dependencia- mediante dispositivos públicos y privados-concertados de calidad y financiado con fondos públicos y con un sistema de copago, y gratuidad en algunos casos, relacionado con la situación económica de los ciudadanos.

Pero ni el núcleo de contingencia a cubrir, ni la graduación de gratuidad y copago, ni la titularidad pública o privada de la red serán problemas, espero, en la tramitación jurídica del acuerdo tripartito. Será el carácter de la norma (general o básica) y el carácter del derecho (subjetivo) lo que al final desvirtúe o no lo acordado. Porque si no hay norma básica no hay derecho subjetivo. Y si las Administraciones periféricas, tan celosas del blindaje de sus competencias –en este caso de Servicios Sociales-, no actúan con generosidad e inteligencia, aquí el futuro no se cerrará con seguridad ni para la economía ni para la sociedad. Para ésta, porque sólo un derecho subjetivo es un logro asentado, y para la economía porque un derecho subjetivo provoca más demanda de inversión que cualquier otra cosa: hay hospitales y escuelas en gran número porque el Estado está obligado a hospitalizar y a escolarizar.

Supongo que, por estas dificultades, el texto del anteproyecto legislativo en materia de Dependencia no es fiel al Acuerdo. Nosotros seguimos reivindicando lo que suscribimos, que también suscribió el Gobierno. 

El reconocimiento de que la dependencia de las personas debe ser atendida es el reconocimiento de los cambios sociales. Y España ha cambiado mucho. 

Un fenómeno a reconocer, considerar y tratar es la inmigración masiva. Sus causas son conocidas. Sus efectos hasta aquí han sido positivos, para los inmigrantes integrados y para los nacionales. Pero ¿y el futuro? ¿Por qué aparece en las encuestas la “inmigración” como una de las primeras preocupaciones de los españoles? 

Es difícil poner este asunto en discusión sin ideología. Pero los que predican “puertas abiertas” contribuyen –espero que sin querer- a que personajes desaprensivos hayan disfrutado de la explotación de miles y miles de personas. Los que piensan que “caben más”, supongo que lo hacen porque creen que ya no hay ciclos económicos, quizá porque el nuestro, afortunado, es anormalmente dilatado. Quizás algunos lo prediquen porque ven que esta mano de obra tira de la economía y la inversión hacia la construcción y los servicios y que este modelo de crecimiento es el reservado en el futuro a los españoles –reserva de “sol y playa” para propios y ajenos-.

Yo pienso que hay que gobernar los flujos, por el bien de las personas inmigrantes y de la economía y la sociedad españolas y que no hemos acertado en la manera de gobernarlos, o producirlos. Le he oído a mi amigo José Mª Cuevas, Presidente de la patronal, reivindicar, al menos en privado, una sola agencia española de la inmigración y le he dicho que sabrá que lo hace en un país donde las CC.AA. reclaman esto como política propia. Yo comparto la idea de José Mª Cuevas porque, como él, pienso que hay cosas “centrales”, que no es lo mismo que “madrileñas”, sino que son centrales porque el centro del futuro las cruza y las cruzará y que están en el centro porque son preocupación común, oportunidad común y sólo el “sentido común” –de nuevo citado- resuelve y aborda lo central.

Lo dicho para inmigración –central- vale para abordar desde la sociedad civil y desde la política los ejes centrales del presente y el futuro: educación, infraestructuras físicas y de conocimiento, fiscalidad, mercado de trabajo, cohesión entre capas sociales y territorios, pensiones.

El futuro lo ganaremos si estos “centros” son gobernables conjuntamente. Esto es la voluntad de cohesión para mí y para mi sindicato. Ahí está el centro de las preocupaciones, porque está el centro de los riesgos y de las oportunidades. Si la atención del Gobierno y de la sociedad civil se aparta de ese campo, abandona el gobierno del futuro porque ha abandonado el de nuevo traído “sentido común”; esto es: nos descentraremos.

El éxito, la legitimación de los agentes económicos y sociales españoles es muy alabado. Creo que, modestamente, como es preceptivo decir para ser políticamente correcto, hemos contribuido al crecimiento y a la cohesión económica y social de España y vamos a seguir haciéndolo. 

He citado la última prórroga del ANC como ejemplo. ¿Hay algún país europeo donde los sindicatos peleen para contener la inflación y las patronales firmen que son convenientes “por si acaso” cláusulas de garantía en los convenios colectivos? ¿Hay otro país en nuestro entorno donde las organizaciones empresariales defiendan un sistema público de pensiones y los sindicatos la salud del sistema casi con tanto empeño como los incrementos anuales de las pensiones? 

Estos son los mimbres del futuro que hemos tomado en nuestras manos para tejer un futuro posible y sostenible. 

Nosotros defendemos el desarrollo sostenible; pero sostenible para la sociedad –que pide seguridad y cohesión-, para la naturaleza –que pide (sin voz propia) durabilidad-, y para la economía, que pide retribución de la inversión. Ese desarrollo sostenible debe ir por esos carriles, si no descarrilaremos.

Las organizaciones empresariales y sindicales lo hacemos conscientes de nuestra responsabilidad. Por muchos motivos: porque creemos en el peso –y la responsabilidad creciente- de la sociedad civil en las sociedades abiertas y complejas: porque queremos ser leales a los intereses de parte que representamos con reglas democráticas y somos celosos de una autonomía que nos legitima y porque sabemos que el interés general, como –de nuevo- el “sentido común” no puede formularse si no es como la conjunción “dialogada en el espacio público”, “criticada en el espacio público” de los intereses sectoriales. Desde la razón de cada uno –exponiéndola a la crítica pública para que la erosione o la legitime- se construye lo que no puede pre-formularse: el interés general.

La sociedad española es inteligente, y lo ha demostrado en este cuarto de siglo de libertad, y por ello legitima tanto el diálogo y el consenso. Quizás también porque tiene la memoria histórica fresca de los catastróficos resultados en España y Europa de la pérdida del sentido común cuando cada cual recurre a la fuerza, al chantaje, a la presión para imponer intereses de parte, también como dicen, no yo, sino los que quieren ser correctos, “intereses legítimos”,

IV 

Tras hablar de España y su futuro en los planos de economía, trabajo y sociedad, voy a arriesgarme a hacer una leve incursión en el campo de la política. Lo voy a hacer con toda humildad y respeto –que se lo debemos- a las instituciones políticas y a las personas, pero urgido por la responsabilidad de ser el Secretario General de la primera organización (en número de personas afiliadas) y el primer sindicato (en número de representantes en las empresas) de este país. Y lo voy a hacer pensando en el futuro, de nuevo mirando a los jóvenes que nos miran.

Estamos en un ciclo político demasiado crispado. Esto parece una apreciación común. Donde y cuando se discuten cosas que nos determinarán el futuro. Y se discuten con demasiada crispación. Estamos en un “Estado de las Autonomías” que es, en la práctica, un Estado Federal, donde el Gobierno central se ha retraído en beneficio de la función –constitucional y lo proclamo- de las CC.AA. Estamos en un país donde sigue siendo necesario el Gobierno Central precisamente por ser un país descentralizado y donde debería aplicarse (por “sentido común”) al menos una regla no escrita. Yo la formularía así: si las diversas opciones políticas, cuando son aupadas democráticamente por los ciudadanos a plataforma de poder (central, autonómico, local) se aúpan a esas plataformas como los ejércitos contendientes se aúpan a cotas altas para instalar bocas de fuego para destruir a otros ejércitos, en vez de un país gobernable estaríamos viendo un campo de batalla entre facciones.

¿Se puede –por ejemplo- desarrollar un Sistema Nacional de Salud –magnífico- compuesto por 17 Servicios regionales que se dan la espalda y que no consiguen en el Consejo Interterritorial del SNS diagnosticar los déficits –suficiencia, sostenibilidad, equidad, racionalidad y gobernabilidad que minan el sistema o el futuro del sistema?

¿Se puede construir una UE como marco único de mercado, de sociedad, de trabajo, de política interior y exterior desde el blindaje de competencias? 

¿Se puede pensar en cohesión sin acuerdos y sin cesiones? ¿Se puede pensar en un futuro seguro sin cohesión económica y social? ¿Se puede pensar en cooperación entre Administraciones sin corresponsabilidad fiscal?

El cinco de julio del pasado año, el Consejo Confederal de CC.OO., aprobó por práctica unanimidad, una “Declaración sobre reformas constitucionales, revisión de Estatutos de Autonomía y financiación autonómica” donde, tras valorar positivamente lo que debemos a la libertad y la Constitución del 78, demandaba esfuerzo y generosidad a las fuerzas políticas para garantizar, para los cambios futuros, al menos el consenso original. Por ejemplo, en materia de financiación autonómica –asunto de actualidad y para nosotros de gran relieve- reclamábamos mejorar en lo posible la autonomía financiera de las Haciendas autonómicas con un compromiso estable entre “autonomía y solidaridad”,...”a la luz de los principios de equidad, eficiencia y generalidad capaces de garantizar el mismo esfuerzo fiscal”... que “corresponda a una similar prestación de servicios, allá donde quiera que se resida”.

Reclamábamos también un acuerdo sobre la “arquitectura institucional de la Administración Tributaria” pidiendo “una nueva Agencia Tributaria –única-, compartida” en su gobierno por las diferentes AA.PP. 

Traigo aquí esta cita para extraer dos conclusiones. Cuando conocimos – a través de los medios de comunicación- el texto que presumiblemente, en esta materia, cerró el acuerdo sobre financiación de Cataluña en las negociaciones informales sobre el nuevo Estatuto, respiramos, si no satisfechos, sí aliviados, porque, al parecer, el sentido común se restauró. Esto es la primera conclusión.

La segunda, es que esta propuesta de reforma de la financiación autonómica, publicitada hace semanas desde el Ministerio de Economía y Hacienda, fue calificada en su día de insuficiente por el tripartito catalán y valorada entonces positivamente por el líder de la oposición, Sr. Rajoy, y por el presidente del PP de Cataluña, Sr. Piqué, que la había presentado como enmienda de su grupo al proyecto de Estatuto y fue rechazada entonces.

Cabe interrogarse por qué con estas afirmaciones previas y coincidencias proclamadas se produce ahora el desencuentro de Gobierno y oposición.

Si se ha conseguido un acuerdo entre el Gobierno y los principales grupos políticos del Parlamento de Cataluña, supongo que satisfactorio para todos ellos, pero lejano a la propuesta inicial del Parlamento catalán, no sólo se deberá a la generosidad e inteligencia política de los representantes del Parlamento de Cataluña, sino a que el Gobierno central se vió muy reforzado por una opinión pública generalizada y explícita que, en lo relativo al capítulo tan central de la financiación autonómica, rechazaba la discriminación y la quiebra de la cohesión y en esa opinión estaba el partido de la oposición que, por ello, y por muchas más cosas no merece ni debe quedar fuera de este consenso tan básico. 

Si el Presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se reunieran –no importa a iniciativa de quien de ellos- y establecieran que en este aspecto básico ambos –como han dicho- coinciden, este país se lo agradecería. Aprovecho esta tribuna para pedírselo y se lo transmitiré. Ojalá lo veamos. Ojalá veamos rebajar los decibelios. Ojalá veamos centrar el debate, pero sobre todo las aportaciones de las fuerzas políticas, para diseñar un futuro de España tan brillante en términos económicos, sociales y hasta morales como el que hemos construido en el trayecto democrático, apoyándonos en la Constitución Española de 1978.

También Europa necesita el impulso y el consenso. La composición del nuevo gobierno alemán y las primeras medidas tomadas por la Sra. Merckel las vemos también como mimbres del futuro. Ojalá la Presidencia alemana de la UE, al arranque de 2007, y el trabajo hasta entonces para suturar lo roto tras el referéndum francés y holandés nos procuren una nueva perspectiva.

* * * 

Voy a concluir para no abusar más de su paciencia y porque me han permitido decir lo esencial. 

Tres notas, recopilando ideas y rematando con el eje vertebrador de esta conferencia. 

Sobre competitividad y futuro: reforzar la productividad del capital humano es reforzar la primera riqueza de un país. Querer competir maltratando el capital humano rompe criterios de necesidad económica y criterios ético-valorativos. 

Sobre cohesión y solidaridad: reforzar este eje de desarrollo sostenible incluye pensar en todos, estén donde estén y, primero, en los sin voz, los que no han entrado en escena o están apareciendo, pero que tendrán que habitar el futuro que les estamos construyendo. El principio de responsabilidad se basa en someterse al precepto –voluntario y ético- de asumir el deber de “responder” a todos y responsabilizarse de todos.

La cohesión y la solidaridad nos lleva a asumir como regla ética de comportamiento el responder de y a intereses generales, hasta de los que no están aún o no pueden hablar y eso requiere dejar hablar al “sentido común”, que es algo que sale solo si no se le reprime y que se evapora si se le intenta convertir en “reglamento”.

Y dirigiéndome a los sindicalistas jóvenes que están aquí: representáis al futuro ya y al capital humano, que es la primera riqueza de la España de hoy y del futuro. Asumid esa función con coraje cívico, pero desde el sentido común.

Muchas gracias a todos y todas ustedes.