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La trampa de las participaciones preferentes: las prioridades deben de ser la clientela y las plantillas.


Hasta el año 2003 las participaciones preferentes se comercializaban a través de sociedades instrumentales, habitualmente radicadas en paraísos fiscales, y, salvo excepciones, eran suscritas por inversores  institucionales. A partir de ese año, estos instrumentos híbridos deuda-capital se legislan en España y comienzan a comercializarse a clientes minoristas, lo cual coincide con el incremento del endeudamiento privado de la economía española.

Las preferentes se convierten en un instrumento de capitalización muy utilizado por las cajas de ahorros que carecen de la posibilidad de emitir acciones. Hubo advertencias muy leves, como la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en enero de 2007, cuando dijo que no le parecía lógico que instrumentos financieros de este tipo se comercialicen de forma masiva a través de la red de oficinas.

En verano de 2007 estalla la crisis subprime y un año más tarde cae Lehman Brothers. Como consecuencia, se produce el cierre de los mercados interbancarios. 

Mientras tanto, las autoridades españolas deciden no recapitalizar la banca como ya habían hecho los países de su entorno, confiando en las provisiones anticíclicas y en que la crisis sería pasajera. Así, lo que proliferó durante 2008 y, sobre todo 2009, fueron las emisiones de participaciones preferentes que se colocaron, sobre todo, a clientes minoristas, con conocimiento del Banco de España y sin objeción de la CNMV.

Tras los test de stress la situación se complica. Los organismos que los realizaron no consideraron parte del Capital Principal ni las provisiones anticíclicas ni las participaciones preferentes. La consecuencia directa fue que la CNMV obligó a las entidades a que dejaran de funcionar los mercados internos de compra-venta de participaciones preferentes. Es decir, cambiaron las reglas del juego. Las operaciones se trasladan al mercado de renta fija, lo cual tuvo un efecto demoledor sobre el valor de las preferentes.

Esta situación ha contribuido a deteriorar aún más  la imagen pública del sector financiero español. A la incapacidad demostrada por los organismos de supervisión y por las cúpulas de las entidades para propiciar medidas que permitan la circulación del crédito a familias y empresas, se ha venido a sumar ahora lo que ya es peligrosamente conocido entre una parte importante de la opinión pública como el “corralito” español: las participaciones preferentes.


No cabe olvidar la responsabilidad de estos mismos, organismos de supervisión y las cúpulas de las entidades financieras, en la burbuja  inmobiliaria identificada como una de las principales causas de la crisis, la falta de legitimidad que los mismos han acumulado con una política de retribuciones del personal de la alta dirección y de los consejos que en más de un caso ha superado lo socialmente repugnante y los planteamientos de recorte de plantillas y destrucción de empleo en cada vez más entidades.


La situación es de sobra conocida: transmitiendo a sus plantillas objetivos de comercialización bajo la premisa de que era un producto fiable para ofrecerlo a los clientes, una gran parte de las entidades financieras de este país han estado ofreciendo durante años instrumentos de inversión complejos y poco líquidos, originalmente más apropiados para personal inversor cualificado, pero que han acabado por ser comercializados entre la clientela más tradicional. Durante años, no obstante, el producto no ha generado problemas hasta que se modifican las condiciones del mercado secundario y se fuerza a aflorar las minusvalías, generando una situación que produce de facto la inmovilización del ahorro de cientos de miles de familias. Se ofrece como alternativa su canje en acciones y otros activos, en muchos casos, con importantes descuentos. Y en el epicentro de todo ello, los bancarios y bancarias, a quienes toca el difícil papel de dar explicaciones y soluciones a la clientela afectada.


Toda esta política, pasada y presente, se ha ejecutado sin que los organismos supervisores (CNMV y Banco de España), que tienen la obligación de regular y controlar el mercado financiero, además de prevenir problemas de esta magnitud, hayan sabido cumplir con la obligación que la ciudadanía le tenemos encomendada. Ellos son los responsables directos, junto a mucho personal de la alta gestión de las entidades, que han apostado por la comercialización masiva de estos productos.


Esta política socialmente irresponsable, ejecutada por unos y consentida por otros, está teniendo importantes consecuencias para muchas entidades y sus plantillas:


  • La lógica indignación de la ciudadanía y de la clientela se dirige, básicamente, contra las plantillas de estas entidades, contra los bancarios y bancarias (los únicos que dan la cara ante ellos) generándose situaciones de presión insostenible y de auténtico riesgo físico sin que tampoco se adopten las medidas exigibles de prevención y protección.
  • Gran parte de la clientela, y parte del personal de las plantillas de las entidades, se sienten engañados, por lo que en no pocas entidades existe el riesgo cierto de presentación de demandas. No es descartable que puedan afectar en mayor o menor medida al empleado o empleada que comercializó el producto de buena fe, atendiendo las instrucciones recibidas de su entidad, en el marco de campañas comerciales agresivas y con intensa presión de objetivos.
  • Se está lesionando gravemente la credibilidad y confianza de la población en el sector financiero español en su conjunto, asestando además un duro golpe al modelo de negocio minorista, basado en la cercanía y la confianza, en pro de una banca más especulativa centrada en el beneficio inmediato y que sólo piensa en el impacto que tiene en los balances a corto plazo.


Desde COMFIA-CCOO (https://www.ccoo-servicios.es/html/25742.html) entendemos que la problemática es del suficiente calado como para exigir que se adopten medidas urgentes:


  • Es evidente que estamos ante un fenómeno económico-financiero de responsabilidades compartidas.
  • Hay que ofrecer a las plantillas seguridad, protección y los recursos necesarios para prestar una adecuada atención a su clientela, así como pleno apoyo y cobertura en las posibles  demandas que pudieran interponerse contra la entidad y que pudieran afectar de cualquier forma a los bancarios y bancarias.
  • Hay que “deshacer la madeja”. Le corresponde actuar a los tribunales, sin duda. Pero también al Parlamento, por lo que instamos, junto con nuestra Confederación,  a que el análisis de actuaciones y responsabilidades del Banco de España, CNMV y Gobiernos sean abordados en la Subcomisión parlamentaria habilitada al efecto.
  • Hay que evitar que se produzca una transferencia de rentas de los débiles hacia los poderosos. Por ello, si se comercializaron como productos de ahorro y así lo creyeron contratar los clientes, justo es que se valore que se trate de productos protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos o, como mínimo, que se puedan canjear por productos más acordes con la inversión que se pretendió realizar.
  • El Gobierno tiene la obligación de utilizar su margen de maniobra para no producir más sufrimiento injusto e innecesario con este asunto a la ciudadanía, a los que tienen este tipo de inversiones y a los contribuyentes, en general, que pueden ver como la “factura del rescate” sube exponencialmente por la dislocación del modelo de negocio minorista y compromete definitivamente la viabilidad de las entidades intervenidas y/o nacionalizadas.