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Salarios por empleo

Salarios por empleo


El Gobierno apoya a los sindicatos frente a las advertencias de la CEOE.

 


09-12-2008 - El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, lo puede decir más alto pero no más claro: "congelación salarial en 2009 y ya veremos en 2010".

En su opinión, la situación económica es tan grave - "desde que tengo uso de razón no recuerdo una situación igual"-que "ahora de lo que toca hablar en la negociación colectiva es cómo se salva el mayor número de empleos y no cómo se mejora el poder adquisitivo de los salarios".

No es una opinión o un comentario hecho a la ligera, es lo que piensa la inmensa mayoría de las empresas que empiezan a tener problemas muy serios para encontrar los créditos necesarios para pagar la paga extra de Navidad. Esta es la razón por la que en buen número de empresas se ha empezado a plantear la congelación salarial para el próximo año. Esto supone que el poder de compra de los trabajadores se verá recortado por el efecto de la crisis económica. No se trata de subir los salarios igual que aumentan los precios, sino que en 2009 se queden igual que en 2008. Es decir, "que se trabaje más cobrando menos".

La razón, según explica Díaz Ferrán, es que muchas han pasado de tener beneficios a recortarlos fuertemente o tener pérdidas. Esta situación unida a una clamorosa falta de liquidez por parte de las entidades financieras hace que no haya recursos para invertir, y si no se invierte no sólo no se crea empleo sino que se empieza a destruir. En su opinión, entre 2008 y 2009 se van a destruir un millón de empleos netos, lo que significa que la tasa de desempleo se situará en torno al 17%, lo que equivale a cerca de cuatro millones de parados.

¿Cómo se sale de esta situación? En opinión de los empresarios la única salida es recortar costes empresariales para recomponer la tasa de beneficio, acumular los recursos suficientes para volver a iniciar el proceso de inversión-ganancias-más empleo.

Entre esa reducción de costes un elemento clave es recortar los costes laborales, tanto salariales como indirectos. Esto implica congelar salarios, recortar entre 5 y 6 puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, abaratar el coste del despido y flexibilizar la negociación colectiva para ir eliminando progresivamente los derechos adquiridos. Una auténtica receta de caballo.

Pero los datos están ahí. Según el Banco de España los aumentos salariales pactados para ocho millones de trabajadores en sus convenios colectivos se ha incrementado este año el 3,5%. Si a esto se le añaden los costes laborales no salariales, el aumento es del 5,3% como certifica el Instituto Nacional de Estadística (en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral) "se trata del mayor crecimiento desde el primer trimestre de 2003".

Las empresas argumentan que con este crecimiento de costes dejan de ser competitivas ya que estos aumentos de costes se trasladan al precio de los productos encareciéndolos frente a los que se fabrican en el exterior. Al final el consumidor no elige los productos por estar fabricados en España sino porque tienen mejor relación calidad-precio.

Ante esta situación, las empresas que no pueden bajar los costes laborales por la oposición de sus trabajadores y el temor a un conflicto laboral, optan por lo más fácil que es reducir plantilla.

Lo tienen fácil. Hay más de tres millones de trabajadores con contratos temporales y sólo tienen que esperar a que venzan y no renovarlos. Esta fórmula además de ser barata no plantea conflictos. Según los teóricos, es una de las razones por la que la tasa de desempleo crece en España con mucha más rapidez que en el resto de países europeos y lo que explica que sea el país de la UE con la tasa de paro más elevada.

Cuando el pasado lunes la delegación de Comisiones Obreras encabezada por Ignacio Fernández Toxo y de UGT con Toni Ferrer acudieron a la sede de la CEOE para prorrogar el Acuerdo Inter-Confederal para la Negociación Colectiva (AINC) y escucharon estos planteamientos se quedaron literalmente de pasta de boniato, como afirma Ferrer.

Los sindicatos dijeron que para ese viaje no se necesitaban alforjas. Sencillamente se rompían las negociaciones antes de empezarlas. El efecto práctico es que suponía dar carpetazo a siete años en que el AINC ha sido el punto de referencia de la negociación colectiva, que ha garantizado el periodo más prolongado de paz social desde que se inició la transición económica. Si se mantiene la congelación salarial se abrirá un año de conflictividad salpicado por cientos de expedientes de regulación que ya empiezan a ser contestados en la calle. "Los trabajadores no somos los culpables de esta crisis y por lo tanto no tenemos por qué pagarla", afirma el secretario general de la UGT, Cándido Méndez.

El representante de CC. OO. replica la tesis de la patronal argumentando que "lo fundamental en un año en que el peligro es la deflación es que los salarios suban muy por encima de la inflación para reactivar el consumo y evitar que se paralice la economía".

Toni Ferrer fue más lejos al afirmar que este planteamiento tendrá que ser asumido por el Gobierno a la hora de fijar el salario mínimo interprofesional para 2009. Esta es la razón por la que han pedido un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8% para situarlo en 648 euros, lo que supone el 60% del salario medio neto.

Ante este planteamiento el Gobierno está pillado entre la espada y la pared. El presidente Zapatero se había comprometido a subir el SMI a 1.000 euros durante la legislatura y no va a incumplir su palabra.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha inclinado abiertamente por las tesis sindicales. Es lógico, ya que el Gobierno decidió bajar 400 euros los impuestos a cada contribuyente para reducir el consumo. "No parece lógico que ahora nos pidan a nosotros que les quitemos ese dinero". Añaden que además el Gobierno ya ha dado ejemplo al decidir no congelar el salario de los 2,5 millones de empleados públicos a pesar de que tienen su puesto de trabajo garantizado.

El vicepresidente segundo Pedro Solbes ha intentado conciliar afirmando que se tendrían que poner en funcionamiento las cláusulas de descuelgue. Se trata de que las empresas en pérdidas o con baja productividad no tengan que sufrir el mismo aumento de las que están bien. El dirigente del Metal de UGT, Fernández Lito se ha posicionado en contra.

Las negociaciones entre patronal y sindicatos aún no se han roto, pero las posibilidades de salvar el AINC es muy difícil.

Mariano Guindal
La Vanguardia

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