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Declaraci贸n para el Di谩logo Social 2004

Declaraci贸n para el Di谩logo Social 2004


El di谩logo social constituye uno de los activos m谩s importantes en el proceso de construcci贸n y consolidaci贸n de Espa帽a como un Estado Social y Democr谩tico de Derecho.

Documento aportado por

Secci贸n Sindical de Fraternidad-Muprespa.

SS_CCOO@fraternidad.com

Fraternidad@comfia.ccoo.es

https://www.ccoo-servicios.es/fraternidad


I. PRE脕MBULO.



El di谩logo social constituye uno de los activos m谩s importantes en el proceso de
construcci贸n y consolidaci贸n de Espa帽a como un Estado Social y Democr谩tico de
Derecho.

Mediante el di谩logo social, las organizaciones sindicales, las organizaciones
empresariales y los poderes p煤blicos han logrado alcanzar numerosos acuerdos
sociales sobre materias de indiscutida trascendencia socioecon贸mica.

Como expresi贸n de una voluntad compartida de fortalecer el di谩logo social as铆
como de transmitir a la sociedad en su conjunto un inequ铆voco mensaje de
confianza

institucional, el Gobierno, la Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras, la
Uni贸n General de Trabajadores, la Confederaci贸n Espa帽ola de Organizaciones
Empresariales y la Confederaci贸n Espa帽ola de la Peque帽a y Mediana Empresa han

convenido en suscribir la presente Declaraci贸n, que define las materias,
objetivos y orientaciones generales conforme a las que ha de desarrollarse una
nueva etapa del di谩logo social en Espa帽a, ordenada, de manera inmediata, a la
consecuci贸n de acuerdos para favorecer la Competitividad, el Empleo Estable y la
Cohesi贸n Social.



II. CRECIMIENTO ECONOMICO, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD.

El Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales
firmantes de la presente Declaraci贸n manifiestan que es su objetivo com煤n el que
la sociedad espa帽ola alcance unos mayores niveles de desarrollo econ贸mico, de
calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesi贸n territorial y de
sostenibilidad ambiental. Para el logro de este objetivo es preciso apostar por
un modelo de

crecimiento econ贸mico equilibrado y duradero basado en la mejora de la
competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad.



Los aumentos de productividad y de ahorro no son, sin embargo, garant铆a
suficiente para conseguir, en un horizonte a medio y largo plazo, un modelo de
crecimiento econ贸mico estable y sostenido. Es preciso, adicionalmente, adoptar
pol铆ticas capaces de dar respuestas a los retos que, en ese mismo horizonte,
plantean la globalizaci贸n de la econom铆a, la preservaci贸n del medioambiente, la
ampliaci贸n de la

Uni贸n Europea, la sociedad del conocimiento, los desequilibrios territoriales,
la demograf铆a y los flujos migratorios, entre otros.



En este sentido los firmantes manifiestan su firme compromiso de que el sector
p煤blico desempe帽e un papel activo al servicio de la consecuci贸n de este modelo
de

crecimiento econ贸mico.



El Gobierno se propone reorientar el gasto p煤blico para que se consolide el
sistema de bienestar social y se favorezca la inversi贸n productiva en capital
f铆sico,

tecnol贸gico y humano y utilizar de manera escrupulosa los instrumentos
regulatorios a fin de asegurar una mayor transparencia del mercado y una m谩s
efectiva libertad econ贸mica.



Y tambi茅n manifiesta el Gobierno su decidido compromiso de ofrecer m谩s y mejores
servicios p煤blicos, adecuados y eficientes. La Administraci贸n del Estado debe

ordenar sus actividades en funci贸n de un doble criterio, objetivos perseguidos y
resultados alcanzados, buscando en todo momento la excelencia en la calidad de
los servicios que presta a los ciudadanos.



El Gobierno y las organizaciones sindicales acuerdan propiciar reformas en el
marco normativo que incidan en dos 谩mbitos esenciales: por un lado, el
reforzamiento de los derechos de participaci贸n y negociaci贸n colectiva en las
Administraciones

P煤blicas y, por otro lado, la dignificaci贸n y profesionalizaci贸n de la figura
del empleado p煤blico y sus condiciones de trabajo, lo que ayudar谩 a mejorar la
calidad de los servicios p煤blicos. Asimismo se debe fomentar la estabilidad
laboral reduciendo las altas tasas de temporalidad existentes en el empleo
p煤blico.

Para la consecuci贸n de este gran objetivo, inscrito en la estrategia definida
por la UE en Lisboa, consistente en orientar la econom铆a espa帽ola hacia un
modelo de

crecimiento estable y sostenido basado en la competitividad de las empresas, el
Gobierno y los interlocutores sociales entienden que, adem谩s de las pol铆ticas
laborales y de empleo, las pol铆ticas p煤blicas han de actuar de manera
prioritaria sobre los siguientes grandes ejes o pilares:



a) educaci贸n y formaci贸n,

b) infraestructuras e inversi贸n p煤blica,

c) investigaci贸n, desarrollo e innovaci贸n,

d) pol铆tica industrial y de medio ambiente.



Una educaci贸n de calidad constituye la base del crecimiento econ贸mico; pero
tambi茅n del acceso y permanencia en el mercado de trabajo y de la igualdad de
oportunidades.



La inversi贸n en infraestructuras es b谩sica para aumentar la dotaci贸n del capital
f铆sico

en nuestra econom铆a. Por su parte, la pol铆tica de vivienda debe seguir
contribuyendo al crecimiento econ贸mico de nuestro pa铆s, favoreciendo su
accesibilidad, en especial para los j贸venes, y la movilidad geogr谩fica.



La innovaci贸n es un factor de creaci贸n de empleo, al permitir que las empresas
sean m谩s competitivas y la econom铆a m谩s productiva.



Los procesos de investigaci贸n, desarrollo e innovaci贸n deben ser impulsados
tanto por el sector privado como por el sector p煤blico al que compete, de un
lado, crear un entorno que favorezca esos procesos y, de otro, fortalecer y
coordinar la red de instituciones p煤blicas que act煤an en la producci贸n y
difusi贸n de tecnolog铆a e

innovaciones as铆 como destinar los recursos necesarios para la inversi贸n en
proyectos innovadores.



III. AMBITOS DEL DIALOGO SOCIAL.

El Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales expresan su voluntad
de abordar en el proceso de di谩logo social las materias que a continuaci贸n se
mencionan.



1) El mercado de trabajo espa帽ol tiene un doble problema: insuficiente volumen
de empleo y alto nivel de temporalidad. Las partes firmantes valoran
positivamente la contribuci贸n del Acuerdo

Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 1997 a la mejora del volumen
y la estabilidad en el empleo en los 煤ltimos a帽os y expresan su voluntad de
profundizar en estos objetivos.

Para ello se comprometen, desde una perspectiva de conjunto, a analizar los
diferentes elementos que inciden en la creaci贸n de empleo, en su estabilidad y
la utilizaci贸n no justificada de la contrataci贸n temporal, teniendo presentes
las nuevas formas de organizaci贸n empresarial del trabajo. A la vista de este
an谩lisis, las partes firmantes se comprometen a consensuar aquellas
modificaciones legales y de otra

naturaleza que se estimen oportunas, buscando compromisos que logren aunar
seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas.



2) El cumplimiento de la Estrategia Europea de Empleo define como una prioridad
absoluta de las pol铆ticas sociales y laborales el aumento del empleo y de la

participaci贸n en el mercado de trabajo. Y, junto a ello, deben promoverse con
similar intensidad acciones dirigidas a favorecer el empleo de los j贸venes, de
los

trabajadores de edad avanzada, de las personas con discapacidad y de otros
colectivos con mayores dificultades de inserci贸n laboral.

Asimismo, el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a
su alcance, buscar谩n de manera concertada soluciones que promuevan la
integraci贸n laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo.
Igualmente, procurar谩n

la conciliaci贸n de la vida familiar y laboral. Y todo ello, en un sentido en
todo conforme con el principio de igualdad de oportunidades y no discriminaci贸n.



3) La inmigraci贸n laboral en Espa帽a es un fen贸meno relativamente nuevo e intenso
que presenta oportunidades y retos en materia sociolaboral.

En este 谩mbito, el gobierno y los interlocutores sociales desarrollar谩n al
respecto una

interlocuci贸n espec铆fica y que abordar谩, en primer lugar, el futuro Reglamento
de la Ley de Extranjer铆a estableciendo los procedimientos necesarios para lograr
la vinculaci贸n de todas las actuaciones en esta materia.



4) La apuesta por una econom铆a del conocimiento requiere favorecer la formaci贸n
permanente a lo largo de la vida laboral. Ella es la mejor v铆a para asegurar la
cualificaci贸n profesional que demanda el mercado de trabajo as铆 como para
garantizar la empleabilidad de toda la poblaci贸n en edad de trabajar.



Para la consecuci贸n de estos objetivos, las partes firmantes analizar谩n de
manera conjunta las adaptaciones necesarias del actual modelo de formaci贸n de
los trabajadores en un sentido acorde con las necesidades de formaci贸n que han
de atenderse desde el 谩mbito estatal, preservando los 谩mbitos de participaci贸n
de las organizaciones sindicales y empresariales y posibilitando la
participaci贸n en la

gesti贸n por parte de las Comunidades Aut贸nomas.

5) El impulso de las pol铆ticas activas de empleo y de los Servicios P煤blicos de
Empleo (SPEs) es un objetivo imprescindible e inaplazable. El Gobierno y los

interlocutores sociales analizar谩n cu谩l debe de ser el dise帽o de las pol铆ticas
de empleo y el papel de los SPEs con vistas a asegurar la eficacia y eficiencia
de sus funciones (informaci贸n, intermediaci贸n, detecci贸n anticipada de las
necesidades cuantitativas y cualitativas de empleo, programas de formaci贸n,
aprendizaje y orientaci贸n, promoci贸n del enfoque preventivo, entre otras), as铆
como la adecuada

protecci贸n ante la falta de empleo: prestaciones y pol铆ticas activas.



Desde la perspectiva de la armonizaci贸n del nuevo modelo, surgido de la reciente
Ley de Empleo, con la actual distribuci贸n de competencias constitucionales entre
el Estado y las Comunidades Aut贸nomas en materia de pol铆tica de empleo, los
objetivos deber铆an centrarse en asegurar la adecuada cooperaci贸n y coordinaci贸n

entre las Administraciones y entre los agentes, p煤blicos y privados, implicados,
movilizando y optimizando los recursos disponibles para lograr mayores niveles
de eficiencia en las pol铆ticas de empleo.



6) Las partes firmantes se comprometen a estudiar la revalorizaci贸n de algunas
instituciones laborales mejorando su funcionamiento y la participaci贸n de los

interlocutores sociales.



En este sentido se abordar谩n en sus correspondientes 谩mbitos, las competencias
de la Comisi贸n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y el papel de la
Comisi贸n Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y, de manera espec铆fica, el
funcionamiento de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social.



7) La potenciaci贸n de nuevos instrumentos activos de la pol铆tica industrial y el
an谩lisis de las consecuencias derivadas de las necesidades de sostenimiento

medioambiental constituyen retos para consolidar el crecimiento y la creaci贸n de
empleo y riqueza en un mundo gIobalizado.



El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la necesidad de dise帽ar
pol铆ticas industriales y de medio ambiente que favorezcan inversiones de mayor
nivel

tecnol贸gico, contemplando medidas que contribuyan a evitar deslocalizaciones,
as铆 como reestructuraciones injustificadas. Para ello, es necesario propiciar la

participaci贸n de los interlocutores sociales en las pol铆ticas horizontales e
impulsar an谩lisis detallados de los sectores industriales mediante observatorios
espec铆ficos. Y, junto a ello, se proponen abordar el desarrollo de los
compromisos y las consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo del
Protocolo de Kioto.



8) El Salario M铆nimo Interprofesional (SMI) se ha situado, como consecuencia de
su evoluci贸n en los 煤ltimos a帽os, en unos niveles que cada vez se alejan m谩s de
la proporci贸n que con respecto del salario medio (60%) se recomienda por la
Carta Social Europea.

El Gobierno ya ha iniciado el proceso de recuperaci贸n escalonada del SMI hasta
alcanzar, al final de la presente legislatura, la cuant铆a de 600 euros
mensuales. Y, junto a ello, ha abordado el proceso de desvinculaci贸n del SMI de
la definici贸n de

pol铆ticas de transferencias de rentas sociales que incluyen al sistema de
protecci贸n por desempleo. Queda pendiente abordar, con las partes sociales que
han sido

consultadas, el proceso de revisi贸n futura del SMI a lo largo de los pr贸ximos
a帽os, los criterios que podr铆an tenerse en cuenta para la revisi贸n del IPREM y
los cambios que deben producirse en la regulaci贸n sustantiva del SMI.



9) Uno de los pilares del modelo social europeo, tal y como 茅ste fuera definido
en la Agenda Social, es el derecho de informaci贸n, consulta y/o participaci贸n de
los representantes, electivos o sindicales, de los trabajadores en las
decisiones con relevancia sociolaboral de las empresas, como pueden ser, a
t铆tulo de ejemplo, los procesos de reestructuraci贸n y reorganizaci贸n o los
aspectos relativos a la

productividad.

Por otra parte, el Gobierno se compromete a analizar, junto con las
organizaciones sindicales y empresariales la transposici贸n de la Directiva que
acompa帽a el Estatuto de la Sociedad An贸nima Europea.

Las partes firmantes convienen en analizar la ordenaci贸n del actual tratamiento
normativo de los derechos colectivos a las nuevas realidades empresariales y
societarias, y la transposici贸n de la Directiva 2002/14/ CE por la que establece
un

marco general relativo a la informaci贸n y consulta de los trabajadores en la
Comunidad Europea.



10) Nuestro ordenamiento jur铆dico cuenta actualmente, en sinton铆a con los
ordenamientos de los pa铆ses de la Uni贸n Europea, con una legislaci贸n en materia
de

prevenci贸n de riesgos laborales bien definida. Sin embargo, los datos
estad铆sticos indican que Espa帽a tiene una de las tasas m谩s elevadas de
siniestralidad laboral. El Gobierno se ha comprometido de manera decidida a
combatir este problema con la elaboraci贸n y puesta en marcha de potentes
pol铆ticas activas, dirigidas al an谩lisis, detecci贸n y eliminaci贸n de las causas
de la siniestralidad, a la promoci贸n de una

adecuada cultura de la prevenci贸n entre empresas y trabajadores y al
cumplimiento riguroso de la normativa en vigor sobre prevenci贸n de riesgos
laborales y su

desarrollo pendiente. Esa misma preocupaci贸n y objetivos son compartidos por los
agentes sociales, que deben participar en el dise帽o, ejecuci贸n y control, en el
marco de sus competencias, de todas aquellas medidas que se estimen pertinentes
para garantizar a los trabajadores, unas condiciones de salud y seguridad en el
trabajo acorde a los relevantes intereses y derechos que se encuentran en juego.



11) Los interlocutores sociales consideran que la negociaci贸n colectiva es el
espacio natural del ejercicio de la autonom铆a de los agentes sociales, a la que
la ley debe garantizar la capacidad de regulaci贸n mediante un adecuado marco
jur铆dico. El desarrollo de la capacidad de regulaci贸n de la negociaci贸n
colectiva y de su cobertura laboral precisa acciones de los interlocutores
sociales, que pueden y deben contar con apoyos p煤blicos en el terreno de la
racionalizaci贸n de la estructura de la negociaci贸n colectiva en la l铆nea marcada
por el AINC 97 o el enriquecimiento de los

contenidos negociales.



Es 茅ste otro relevante cap铆tulo de esta nueva etapa del di谩logo social, de claro
componente bipartito, a trav茅s del cual las partes sociales han de buscar las
f贸rmulas

m谩s convenientes para propiciar la capacidad de adaptaci贸n de la negociaci贸n
colectiva a las necesidades de empresas y sectores productivos as铆 como para
mejorar la productividad. El di谩logo social tambi茅n deber铆a definir mecanismos
de articulaci贸n de la negociaci贸n colectiva en sus diferentes 谩mbitos de acuerdo
a los principios de eficacia y transparencia y afirmar el papel central de la
propia negociaci贸n colectiva como procedimiento no solo de fijaci贸n de las
condiciones laborales, sino, adem谩s, de determinaci贸n de pol铆ticas de empleo
(formaci贸n profesional, fomento del empleo o est铆mulos a la estabilidad laboral,
entre otras).



Las organizaciones sindicales y empresariales se comprometen a continuar
impulsando los sistemas extrajudiciales de soluci贸n de conflictos mediante el
di谩logo social. El Gobierno, por su parte, manifiesta la voluntad de apoyar su
mantenimiento y consolidaci贸n.

12) El art铆culo 7 de la Constituci贸n espa帽ola consagra la figura de los
sindicatos y de las organizaciones empresariales como unas instituciones de
derecho privado portadoras de intereses dignos de tutela y, bajo esa cualidad,
las dota de relevancia

constitucional. Con amparo en este mandato constitucional, es un deber de los
poderes p煤blicos reconocer a dichas organizaciones los espacios institucionales
necesarios a fin de que puedan cumplir con la defensa y promoci贸n de los
intereses

econ贸micos y sociales que les son propios, poniendo al tiempo a su disposici贸n
los medios e instrumentos necesarios para el logro de los altos fines
constitucionalmente atribuidos.



Es voluntad del Gobierno reforzar la funci贸n de los interlocutores sociales. Por
ello, en el marco del di谩logo social, los firmantes de la Declaraci贸n se
proponen revisar los instrumentos de participaci贸n institucional, mediante las
reformas que se estimen

adecuadas y que sean razonables, objetivas y proporcionadas.



13) Desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, la Seguridad Social espa帽ola ha
alcanzado un gran consenso entre interlocutores sociales y pol铆ticos que
constituye uno de sus principales activos, y que debe ser el marco para abordar
sus problemas.



Su situaci贸n financiera actual se ha visto favorecida adem谩s tanto por
circunstancias estructurales (el incremento de la actividad econ贸mica y la
incorporaci贸n creciente de las mujeres espa帽olas a la poblaci贸n activa ocupada)
como otras m谩s coyunturales

(la incorporaci贸n de m谩s de un mill贸n de inmigrantes como cotizantes, el menor
n煤mero de jubilaciones derivado de la reducci贸n de nacimientos como consecuencia
de la guerra civil y la potguerra).

Las previsiones demogr谩ficas advierten, no obstante, que en el futuro esta
situaci贸n de nuestro sistema de protecci贸n social puede verse afectada por el
envejecimiento de la poblaci贸n si disminuye la relaci贸n entre cotizantes y
pensionistas.



Los pr贸ximos a帽os deben servir para que el Sistema pueda encarar los retos
pendientes, ya enunciados en el Pacto de Toledo. El reforzamiento de la
contributividad debe conseguirse a partir de una mayor correspondencia paulatina
entre aportaciones y prestaciones. La asunci贸n por parte del Estado de la plena
financiaci贸n de las prestaciones no contributivas podr谩 permitir una mejora en
las pensiones m谩s bajas. El incremento constante del Fondo de Reserva ha de
consolidarlo como un estabilizador relevante del Sistema. Las cotizaciones
sociales deben compaginar el equilibrio del sistema con la generaci贸n de un
entorno

adecuado para continuar creando empleo y riqueza.



Y nuestra protecci贸n social debe adaptarse a las nuevas realidades, que
configuran nuevas necesidades, siendo prioritaria la atenci贸n a las situaciones
de dependencia, uno de los principales problemas tanto de los jubilados y
discapacitados como de sus

familias, y la mejora de la protecci贸n familiar.



En la misma l铆nea de desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, los
firmantes consideran conveniente potenciar los sistemas de previsi贸n social

complementaria y analizar los problemas que dificultan el desarrollo de los
espec铆ficamente derivados de la negociaci贸n colectiva destacando, asimismo, que

interesa incentivar estos importantes instrumentos de ahorro y previsi贸n a largo
plazo.

El proceso de di谩logo sobre las reformas debe acompa帽arse de los
correspondientes estudios y proyecciones actuariales objetivos e independientes
y acometerse con horizontes temporales adecuados. Por ello, las partes firmantes
reafirman su voluntad de acometer las reformas y perfeccionamientos necesarios
para conseguir un sistema de protecci贸n social m谩s justo, solidario y eficiente,
que pueda seguir

ayudando a la creaci贸n de empleo, riqueza y bienestar social en Espa帽a.



IV. METODOLOG脥A.

a) Las partes firmantes acuerdan la creaci贸n de una Comisi贸n de Seguimiento y
Evaluaci贸n con el fin de establecer las prioridades, el calendario y el m茅todo
de trabajo para abordar los asuntos contenidos en los distintos 谩mbitos del
Di谩logo Social anteriormente se帽alados. Asimismo, dicha Comisi贸n tendr谩 a su
cargo la evaluaci贸n de las medidas que se adopten como consecuencia del
resultado del di谩logo en los distintos 谩mbitos espec铆ficos, valorando su
adecuaci贸n y proponiendo, en su caso, las revisiones pertinentes.

b) Con el objetivo de evaluar el funcionamiento de las pol铆ticas de empleo desde
las reformas laborales acometidas en el per铆odo 1992-1994 hasta la actualidad
(sus instrumentos legales, la estrategia de est铆mulos a la contrataci贸n, el
comportamiento del sistema de protecci贸n a los desempleados, etc.), las partes
firmantes acuerdan la creaci贸n de una Comisi贸n de Expertos integrada por 8
miembros que ser谩n

consensuados por los firmantes. Las conclusiones del trabajo de la Comisi贸n se
podr谩n a disposici贸n de los firmantes para las actuaciones y reformas que los

mismos consideren necesarias.



Por el GOBIERNO - El Presidente del Gobierno

Excmo. Sr. D. Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapate ro



Por CEOE - El Presidente

D. Jos茅 Mar铆a Cuevas Salvador



Por CEPYME - El Presidente

D. Jes煤s B谩rcenas L贸pez



Por CCOO - El Secretario General

D. Jos茅 Mar铆a Fidalgo Velilla



Por UGT - El Secretario General

D. C谩ndido M茅ndez Rodr铆guez



Acta Di谩logo Social



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C/ Cervantes, n潞 44 Enpta. 28014-MADRID.- Tlfo./fax: 91 360 86 13

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Federaci贸n de servicios financieros y administrativos CC.OO.

9/07/2004