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Respecto a la 'Ley Integral' para la prevenci贸n de los da帽os derivados del trabajo


CC.OO. est谩 a favor del enfoque integral de la siniestralidad laboral y que se ponga el 茅nfasis en la 聯dimensi贸n aplicativa聰 de las normas, para atajar su deficiente cumplimiento.

CCOO est谩 comprometida con la totalidad de la Estrategia Espa帽ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007 聳 2012 y en concreto con el apartado 3.7, donde se dice textualmente:

聯Para reforzar la seguridad jur铆dica y favorecer una mayor implicaci贸n de los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, se analizar谩n, previa la realizaci贸n de los informes oportunos (Consejo General del Poder Judicial, Fiscal铆a General del Estado...), los problemas derivados de la concurrencia en relaci贸n con la prevenci贸n de riesgos laborales de los cuatro 贸rdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social聰.

En ese debate estamos comprometidos porque nos parece clave y esencial para la soluci贸n del problema de la siniestralidad. En la actualidad las normas de prevenci贸n de riesgos laborales se han establecido sin tener suficientemente en cuenta su 聯dimensi贸n aplicativa聰, por lo que la reacci贸n judicial ante el incumplimiento es a menudo insatisfactoria.


En este sentido nuestro diagn贸stico es que el sistema judicial es hoy en algunas ocasiones un obst谩culo para la efectividad de las pol铆ticas de prevenci贸n, ya que:

  • - No ofrece v铆as efectivas para obtener la aplicaci贸n de las normas cuando se incumplen. Las multas de la Inspecci贸n de Trabajo no llevan aparejada obligaci贸n de hacer para corregir la conducta incumplidora.
  • - No permite una distribuci贸n sistem谩tica y adecuada de los costes de la siniestralidad. El coste de los accidentes est谩 socializado por las prestaciones pagadas por la Seguridad Social y el sistema sanitario. Est谩 por evaluar el impacto de un sistema que adecue las cotizaciones al nivel de cumplimiento empresarial o a la siniestralidad. Las v铆as que ofrece la legislaci贸n para recuperar el coste de las prestaciones de asistencia sanitaria de los empresarios incumplidores (art. 127.3 LGSS) son poco efectivas. De momento, la 煤nica v铆a real para repercutir parte del coste es la exigencia de indemnizaciones en v铆a judicial por los trabajadores (orden civil en muchos casos).
  •  No muestra una eficacia represiva cre铆ble frente a las conductas de incumplimiento. El sistema penal reacciona s贸lo excepcionalmente. Siguiendo su filosof铆a de actuaci贸n m铆nima. El accidente no es siempre el mejor indicador de la gravedad del incumplimiento. El enjuiciamiento del accidente olvida el an谩lisis de la gesti贸n preventiva. La satisfacci贸n (cobro de una indemnizaci贸n por los deudos) de las v铆ctimas permite muchas veces eludir el castigo. Prima mucho m谩s la penalizaci贸n al incumplidor responsable por resultados lesivos que por la puesta en peligro de los trabajadores (sin resultado de da帽o).
  •  S贸lo reacciona generalmente ante los accidentes mortales y muy graves. El grueso de la siniestralidad laboral queda fuera de la acci贸n judicial (que s贸lo ve problemas prestacionales de Seguridad Social) y lo mismo ocurre con el grueso de la prevenci贸n (salvo impugnaci贸n contencioso-administrativa de multas). La reclamaci贸n de indemnizaciones es porcentualmente marginal.
  •  La reclamaci贸n judicial de medidas preventivas no se utiliza y presenta serias dificultades. Los trabajadores individuales no asumen la carga de ir a los tribunales a reclamar derechos preventivos. La inacci贸n individual no es suplida por la Administraci贸n y a los Sindicatos nos cuesta suplirla. Los operadores jur铆dicos (Jueces, Fiscales, Abogados) tienen escasa formaci贸n para conocer de estos casos y la ejecuci贸n forzosa de las medidas que pudieran acordarse plantea dificultades.
Frente a este diagn贸stico nuestras propuestas para una reforma ser铆an:

  • Unificar en el orden social (no en juzgados especializados) toda la materia preventiva (indemnizaciones, recargos, sanciones, etc.), incluso cuando se refiera a funcionarios (evitando en este caso el largo periplo por los Juzgados de lo contencioso-administrativo).
  • Impartir formaci贸n especializada a los operadores jur铆dicos implicados.
  • Regular un sistema indemnizatorio objetivo o cuasi-objetivo con cuant铆as razonablemente disuasorias.
  • Regular expresamente la participaci贸n de los trabajadores y sus representantes colectivos en los procedimientos sancionadores.
  • Conferir efectos de condena de hacer a las multas.
  • Integrar la acci贸n de la fiscal铆a y la inspecci贸n de trabajo en relaci贸n con los supuestos m谩s graves.

Las ventajas de una reforma que fuera en el sentido que se acaba de indicar ser铆an en nuestra opini贸n:
  • Mayor eficacia de la acci贸n administrativa.
  • Mayor implicaci贸n de los trabajadores al ofrecer posibilidades mayores de obligar al cumplimiento de las normas en fase preventiva y no solo en la reactiva.
  • Mejor distribuci贸n de costes de siniestralidad con menores costes de transacci贸n.
  • Racionalidad de la acci贸n penal (ni intervenci贸n rid铆cula, ni intervenci贸n arbitraria).

Creemos necesaria, en definitiva una reforma legislativa que aborde un enfoque integral de la siniestralidad laboral y ponga el 茅nfasis en la 聯dimensi贸n aplicativa聰 de las normas, para atajar el deficiente cumplimiento generalizado de un corpus normativo consensuado y homologable al de otros pa铆ses de nuestro entorno en sus planteamientos generales聰.