Mientras una parte del sector asegurador verá incrementado su salario en un 2% como consecuencia de la revisión salarial de 2014 y la fijación de las tablas provisionales para 2015, debido a la apuesta de este sector por la vinculación de la evolución salarial al crecimiento de la economía a través del PIB (Producto Interior Bruto), más de 21.000 personas comienzan este 2015 con una nueva congelación de sus salarios. 

Las plantillas de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social llevan cinco años viviendo un calvario, que comenzó con el anterior Gobierno quien, en Junio de 2010, decidió incluir a los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, con naturaleza jurídica privada y cuyas relaciones laborales las regula el Convenio Sectorial y el Estatuto de los Trabajadores, entre quienes sufrirían los recortes del personal laboral del sector público.

En aquel momento vieron reducido su salario en un 5% y, con la llegada del Gobierno actual, que estando en la oposición no ahorró en críticas sobre esta medida, no sólo no corrigió esta injusticia sino que la mantuvo, perpetrando un nuevo recorte en 2012 como fue la 1/14 parte del sueldo y desde entonces ha mantenido la congelación salarial.

Aunque las diferentes Leyes de Presupuestos establecen la prohibición de incremento de la masa salarial (coste que para el Estado tienen las retribuciones del personal laboral), también incluye la obligatoriedad de que la distribución y aplicación individual de esa partida presupuestaria se realice a través de la negociación colectiva, posibilidad que ha sido vetada a este colectivo, tanto por la Administración como por los tribunales, dándose la paradoja de que, mientras se incumple el Convenio Colectivo, estas empresas disponen unilateralmente de varios millones de euros para salarios variables no pactados.

Para CCOO, esta situación supone un secuestro de los derechos laborales de las plantillas de las Mutuas, a quienes se les está hurtando la posibilidad de que, los legítimos representantes de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras puedan decidir libremente la forma de distribuir y aplicar la masa salarial.

Teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos encontrado el amparo de los órganos jurisdiccionales españoles, desde CCOO estamos valorando acudir a la justicia europea para lograr el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, presente tanto en la Carta de Derechos de los ciudadanos europeos, como en el Tratado Constitucional de la Unión. 

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