En defensa del empleo, ¡no a la nueva demarcación registral!


Si no ha sido suficiente con la crisis de estos últimos años, que además de haber destruido, en un goteo continuo y constante, cerca de 3.000 puestos de trabajo en el sector de los Registros de la Propiedad, también ha precarizado las condiciones laborales de sus empleadas y empleados, ahora el Ministerio de Justicia,a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado,puede asestar una estocada definitiva al empleo del sector con su proyecto de modificación de la demarcación registral, que tiende aagrupar en una sola oficina registral a todos los registros que existan en una misma localidad.


Según el preámbulo del proyecto del Real Decreto que regularía esta medida, la nueva demarcación registral vendría motivada, entre otros factores: por el notable descenso del tráfico civil; la existencia entre los distintos Registradores de criterios divergentes de calificación, de expedición de la publicidad formal y de procedimiento registral; y la reducción de los costes de explotación de las oficinas registrales; todo ello con el objetivo, según allí se expresa, de mejorar la calidad del servicio público registral, la atención al ciudadano y evitar una excesiva dispersión de recursos humanos y medios materiales que impidan alcanzar los principios de racionalidad y economía de cualquier organización eficaz.

Toda vez que el impacto del descenso del tráfico civil desgraciadamente ha sido ya amortiguado a través de despidos, expedientes de regulación temporal del empleo y precarización de las condiciones laborales,que, a pesar de ello y por supuesto gracias al esfuerzo de los cerca de 11.000 empleados y empleadas que todavía quedan en activo en el sector, no ha redundado en la calidad del servicio y atención al ciudadano, y que la existencia de criterios divergentes en la calificación y procedimiento registral podría atajarse con una correcta fiscalización de los Registradores a través de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, en COMFIA-CCOO entendemos quecon esta decisión político/administrativa lo único que se pretende es brindar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles una oportunidad de incrementar sus beneficios a costa de una reducción de los costes laborales,que podría materializarse a través de despidos objetivos por causas organizativas, tal y como así ha manifestado el propio subsecretario de Justicia, Juan Bravo, quien ha asegurado que la agrupación de los registros “repercutirá en un ahorro de costes que contribuirá a paliar el descenso de ingresos que están sufriendo muchos registros”.

Por ello, y entendiendo que la nueva demarcación registral proyectadaimpone la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, facultando la movilidad geográfica forzosa de cientos de empleados y empleadas y permitiendo la amortización de numerosos puestos de trabajo, desde COMFIA-CCOO vamos a exigir de la Dirección General de los Registros y del Notariado la retirada de ese proyecto de demarcación, así como promover reuniones con todos los agentes intervinientes en el sector, para evitar o minimizar en todo lo posible el impacto que dicha medida tendría para el empleo en los Registros de la Propiedad,demandando, en todo caso, que se apliquen (por el simple principio de equidad) las mismas soluciones que, al parecer, el subsecretario de Justicia está buscando para los Registradores, tras manifestar que “trabajaremos para evitar que aquellos registradores cuyo registro desaparezca pasen a estar en excedencia forzosa” .

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