Archivado en Comunicados, Mujeres e Igualdad

Jose Maria Fidalgo y Carmen Bravo

Clausura de las Jornadas sobre planes de igualdad en las empresas

Las jornadas analizaron las medidas concretas a favor de la igualdad de mujeres y hombres en las empresas en el marco de la Negociación Colectiva y la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.


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En la jornada de tarde destacamos también la intervención de Ignacio Fernández Toxo, secretario de Acción Sindical, sobre la negociación colectiva y Planes de Igualdad en las empresas y la mesa de debate sobre la aplicación de de la Ley de Igualdad en las empresas, que moderó Ricardo Escudereo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alcalá de Henares, intervinieron Juan Luis Gorostidi, Director de RRLL del Grupo Santander; Dolores Estrada, Directora de RRLL de Repsol YPF, SA; Santiago Soler, secretario general de ADDECO y Antonio de los Moros, Asesor de la ANGED.


En la inauguración de las jornadas, Carmen Bravo pidió a los poderes públicos garantías para erradicar de los convenios colectivos las cláusulas discriminatorias para las mujeres, y llamó a introducir un nuevo párrafo 6 al Artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se obligue a las autoridades públicas encargadas del depósito y registro de los convenios a velar por el respeto al principio de igualdad de los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.


Hay que buscar el consenso y el acuerdo con los empresarios y el Gobierno para procurar la mejora de nuestro sistema productivo con la integración de las mujeres en el empleo, en igualdad de condiciones y oportunidades con los varones, manifestó Carmen Bravo, tras constatar la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en el empleo, respecto de los varones: con cifras de desempleo que doblan a las de los hombres; con un abusivo empleo a tiempo parcial no deseado por las mujeres y que representa el 80% de los casi 2,4 millones de personas ocupadas a tiempo parcial; con cifras de temporalidad superiores al 30% o como en materia retributiva, donde se corre el riesgo de consolidar una dualidad salarial porque las mujeres ocuparían la parte inferior de la media.


Señaló también la secretaria confederal de la Mujer de CC.OO. que las más afectadas por esta situación son las trabajadoras jóvenes que se incorporar al empleo, pero también las más mayores que se incorporaron hace muchos años de forma intermitente, con entradas y salidas del empleo y tienen grandes dificultades para la plena integración en el mercado laboral debido, entre otras causas, a las dificultades de conciliar vida laboral y personal y la falta de protección, cuando no de discriminación a la maternidad. Dificultades persisten hoy como la conciliación entre vida profesional y familiar, que sigue resolviéndose mayoritariamente por mujeres, muy lejos todavía de esa corresponsabilidad que la LOIEMH pretende. Situación que hace más necesaria si cabe, abordar decididamente la ordenación del tiempo de trabajo para adaptarla al tiempo de vida, pero también la creación, con el apoyo decidido de los poderes públicos, de servicios públicos y privados para la acogida y atención de 0 a 3 años.


Carmen Bravo instó a mejorar sustancialmente el procedimiento de control de la legalidad de los convenios colectivos y consideró que el Art. 90.5 ET es manifiestamente ineficaz, por lo que los poderes públicos han de promover la formación en materia de igualdad para que los convenios colectivos no sean fuente normativa de lo contrario. Señaló también que las diferentes fuentes estadísticas que tienen relación con el empleo son manifiestamente insuficientes y no permiten conocer datos relevantes del tratamiento de la igualdad de mujeres y hombres en conciliación de la vida laboral, personal y familiar; en medidas de promoción salarial; en el empleo, la formación o la promoción; la clasificación profesional, las medidas de prevención y protección frente a la violencia de género o la prevención del acoso sexual o por razón de sexo.


El Gobierno ha de comprometerse buscando el consenso con los agentes sociales en temas tan básicos como la formación para realizar el diagnóstico y la evaluación, o cómo prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de género, porque las delegadas y delegados sindicales no tienen conocimiento suficiente para poder colaborar con los empresarios en estas tareas, como tampoco los propios empresarios. Este es un tema de carácter reglamentario que el gobierno deberá abordar y fijar desde donde se da esta formación, dijo la secretaria de la Mujer de CC.OO., que terminó su intervención llamando la atención sobre otros aspectos a tener en cuenta, como, cómo, dónde y desde qué momento se va a evaluar la negociación colectiva que la Ley ordena. La Ley hace importantes referencias a la necesidad y oportunidad del dialogo y la concertación social entre los agentes sociales y el gobierno para avanzar en la aplicación de la igualdad, y CC.OO. necesita saber cómo se va articular y quién debe tomar la iniciativa, concluyó.


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