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Iniciativas sindicales para un escenario de crisis
Intervención de Ignacio Fernández Toxo en el Club Siglo XXI Dentro del ciclo "La Encrucijada Europea"
Agradezco, sinceramente al Club Siglo XXI que me haya invitado a participar en un foro de debate de tan larga trayectoria, prestigio y proyección. Deben saber que la invitación me fue cursada nada más salir elegido secretario general de la Confederación Sindical de CCOO durante el 9º Congreso del sindicato, y que únicamente razones de agenda han hecho que mi presencia no haya sido posible antes. Con esta invitación se pone de manifiesto el interés de sus miembros por conocer las reflexiones y propuestas del sindicato al que represento en un momento particularmente grave de la historia reciente de nuestro país.
Quiero agradecer también las amables palabras de Nicolás Sartorius en su presentación. CCOO es una organización sindical de corta historia si se compara con la larga tradición del sindicalismo en España, pero, desde las primeras comisiones obreras que se eligieron a mediados de los años cincuenta para canalizar las reivindicaciones de los trabajadores en las empresas, ha llegado a ser uno de los actores fundamentales de la historia contemporánea española y ello sólo ha sido posible gracias a la decidida y sacrificada entrega de personas como Nicolás. Lo que CCOO es hoy, como sujeto social y político, lo es gracias a él, a Marcelino Camacho, a Julián Ariza, a Antonio Gutiérrez a José Mª Fidalgo y a todas aquellas personas, unas más conocidas, la mayoría anónimas, que han dedicado lo mejor de ellas mismas a la causa de los trabajadores y las trabajadoras.
Comisiones Obreras nació en el seno de la empresa para defender las reivindicaciones más genuinas de los trabajadores, inmediatamente después incorporó a ellas la conquista de las libertades democráticas y a través de varias décadas de lucha ha ido conformando lo que Marcelino denominó como sindicalismo de nuevo tipo, que no es otra cosa que un modelo de sindicato que, profundamente anclado en la empresa, la trasciende y supera cualquier tentación corporativa, para situarse como sindicato sociopolítico, autónomo y que se identifica con la mejor tradición de la izquierda.
Para un sindicato como CCOO la defensa, hoy, de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, desde esa vocación sociopolítica a la que me he referido, supone interpretar correctamente la naturaleza de la crisis por la que atravesamos, desentrañar sus claves internacionales y su dimensión nacional, proponer aquellas medidas más adecuadas para superarla más pronto que tarde, con el menor coste social posible y para salir de la misma más reforzados; todo ello, en consonancia con el movimiento sindical internacional y desde una profunda afirmación europeísta.
Eso es lo que pretendo exponer hoy aquí, al hablar de las Iniciativas sindicales para unescenario de crisis
Estamos ante la primera gran crisis financiera y económica de la globalización.
La recesión y la incertidumbre sobre el futuro siguen siendo los factores dominantes en la economía mundial.
La crisis financiera desencadenada por los bancos norteamericanos, a través de los activos tóxicos emitidos en base a las hipotecas de baja calidad, ha contaminado, en muy poco tiempo, no sólo el sistema financiero global, sino también el segmento productivo, condenando a una fase recesiva --desconocida desde la Gran Depresión de 1929-- a la mayor parte de las economías mundiales y, en especial, a las de los países más desarrollados.
Los costosos planes de reflotamiento del sistema financiero, junto a los de activación de la demanda, aplicados en buena parte del mundo, han evitado el colapso, pero todavía no han conseguido normalizar la labor de intermediación de las entidades financieras y, mucho menos, salvar de la recesión la actividad productiva de las principales economías.
La crisis financiera y económica y la recesión de la economía mundial están teniendo una extensión, profundidad y duración mayor de la que reflejaban los primeros pronósticos. Las últimas predicciones FMI, OCDE y OMC apuntan a una disminución del PIB mundial, en 2009, entre un 1,5% y un 2%. En Europa, la caída del PIB se situaría en torno al 4,2%. La caída del comercio mundial estaría entre el 9% y el 10%.
El importantísimo aumento de los recursos del FMI, acordado en la Cumbre de Londres del G20, se debe a la previsión de que en los próximos meses se sentirán fuertemente los efectos de la crisis en algunos países emergentes y en vías de desarrollo, cuyas finanzas públicas no podrán hacer frente a sus obligaciones de pago.
Aunque en abril han aparecido algunos indicadores positivos en la economía de los EEUU y en su sector financiero, no todos los datos avalan un cambio de tendencia. Ningún análisis riguroso se atreve a poner fecha al fin de una recesión cuya gran velocidad de propagación se corresponde con las características de una economía globalizada.
La crisis está generando mayores penalidades y sufrimientos a los trabajadores y trabajadoras, especialmente en aquellas áreas geográficas donde no existen sistemas de protección social o son muy insuficientes. La OIT estima que pueden destruirse más de 50 millones de empleos.
Los gobiernos, coordinados los económicamente más fuertes en el G20, están aplicando políticas keynesianas para salir de la recesión mediante la reactivación de la demanda. Gobiernos e instituciones financieras internacionales parecen apostar por la regulación. La lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible está pasando de la época de las declaraciones a la de los compromisos y la implementación de medidas. Sin embargo, no sucede lo mismo con los derechos fundamentales del trabajo. Los avances en la Declaración de la Cumbre de Londres del G20 respecto a la de Washington no se hubieran producido, probablemente, sin el cambio de gobierno en los EEUU.
Los primeros pasos dados por la nueva Administración demócrata apuntan a un cambio tanto en política interior, como en el campo de las relaciones exteriores. En este terreno el cambio es, ante todo, en las formas, que ahora parecen presididas por la voluntad de diálogo y la vuelta al multilateralismo. Si bien no se puede perder de vista que una potencia como los EEUU no dejará de defender nunca sus intereses nacionales, el modo de relacionarse puede suponer, en sí mismo, un valor importante, máxime si se compara con el extremismo unilateralista y conservador del Gobierno de George W. Bush.
En la Declaración final de Washington y los primeros borradores de la Declaración de Londres del G20 se han introducido el empleo y los temas sociales. La OIT tomará parte en el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones relacionadas con el empleo. La Cumbre se comprometió a abrir un debate más amplio sobre los valores clave y principios para un desarrollo económico sostenible y la elaboración de una Carta sobre los mismos, según la propuesta realizada por la canciller Merkel.
Se comprometen 1,1 billones de dólares, en su mayor parte a través del FMI, para facilitar créditos a las economías emergentes y en vías de desarrollo que no puedan hacer frente a sus pagos con el exterior. Sin embargo, por el contrario, no se establecen nuevos planes para un estímulo coordinado de la demanda global.
Se ha alcanzado un acuerdo más amplio para reforzar la regulación de las finanzas mundiales, que incluye los hedge funds importantes y la persecución de los paraísos fiscales o no cooperativos, en base a las listas del grupo GAFI1de la OCDE. Sin embargo, el control de la regulación se deja en manos del Foro de Estabilidad Financiera en lugar de establecer una autoridad reguladora supranacional.
La Cumbre volverá a reunirse en 2009, para evaluar los resultados de la aplicación de las medidas adoptadas y aprobar otras nuevas (probablemente en septiembre en Nueva York, coincidiendo con las sesiones de la Asamblea General).
La previa acción coordinada de las centrales de la Confederación Sindical Internacional (CSI, en adelante) con los Gobiernos del G20, y las propuestas al borrador de Declaración, formuladas en la Cumbre de Londres por la delegación sindical internacional, han tenido su impacto en la misma y se ha logrado subrayar la importancia de las necesidades y empleos de las familias trabajadoras y la necesidad de restaurar la confianza, el crecimiento y los empleos.
Es justo reconocer la receptividad expresada por el Gobierno español a las demandas que, en consonancia con las formuladas por la CSI, le hicimos llegar CCOO y UGT y su positiva actuación posterior.
1GAFI son las siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, grupo de trabajo creado en el seno de la OCDE, que en la actualidad es la única instancia supranacional que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas de los paraísos fiscales. El GAFI realiza estudios, emite recomendaciones y publica las listas -negra y gris-- de los países y jurisdicciones que no aceptan cooperar con el GAFI y sus fines por tener legislaciones y prácticas permisivas con el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
La Cumbre, condicionada en este aspecto por el diferente enfoque con el que llegaron a la misma los distintos países, no adoptó nuevas medidas de estímulo fiscal, sólo se comprometió a hacerlo si fuera necesario. Sin embargo, respecto al empleo sí se logró introducir por iniciativa sindical: (1) que la Declaración hiciera suyas las conclusiones de la Cumbre Social de Roma del G8, que incluyen una referencia a las discusiones de la próxima Conferencia de la OIT y a su propuesta de Pacto Mundial por el Empleo; (2) encomendar a la OIT la evaluación del impacto de las medidas adoptadas en el empleo y la formulación de nuevas propuestas en este campo; y
(3) con ello, abrir el camino para alcanzar el objetivo sindical de establecer una cooperación estructurada y la creación de un grupo de trabajo sobre empleo en el seno del G20. Para lograrlo y conseguir un buen desarrollo de las otras dos referencias es necesario intensificar la presión sindical.
La Declaración de Londres acoge una referencia a la llamada Iniciativa Merkel-Tremonti para adoptar una Carta Global para una actividad económica sostenible. Se compromete a abordar, en la próxima cumbre, la consecución de un consenso global sobre los valores clave y los principios para ello. La importancia de esta cuestión, si se llegara a un acuerdo, es que la base de la iniciativa es el compendio que la OCDE está realizando de las principales normas económicas y sociales internacionales, incluyendo las normas laborales fundamentales de la OIT. La coherencia de las normas de la OMC, el FMI, el BM y la OCDE con las de la OIT es un objetivo fundamental del movimiento sindical internacional, que debería colocar en pie de igualdad a las normas fundamentales de la OIT con los principales instrumentos internacionales ratificados en los campos del comercio, las finanzas, la inversión y el desarrollo.
En este contexto, la actividad principal de las internacionales sindicales durante los próximos años estará orientada a enfrentar la crisis y sus consecuencias sobre el empleo y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras; al tiempo que plantea un modo de salir de la crisis reactivando la economía mundial, que implique un cambio del modelo de crecimiento y el fin del modelo neoliberal de globalización. En este sentido, la CSI, a la que pertenece CCOO, está proponiendo:
Una regulación normativa del sistema financiero internacional y la creación de órganos multilaterales de supervisión y control.
La reforma de las instituciones financieras y económicas internacionales.
Un gobierno democrático del mundo, también de lo económico y lo social.
La liberalización comercial respetando los principios de un comercio justo.
La universalización de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y del Trabajo Decente.
La construcción de un nuevo modelo económico basado en los principios del desarrollo sostenible y en la eliminación de la pobreza. Nueva economía baja en emisiones de carbono y creadora de empleos verdes. Negociación de la transición hacia ella y de los impactos en el empleo.
Con la crisis como telón de fondo y con carácter previo a la reunión de G20, se celebró la Cumbre de Primavera de la UE bajo presidencia checa.
En el marco de la misma se celebró una cumbre social con la participación de la presidencia del Consejo y los presidentes de los tres países: Chequia, España y Suecia; es decir, quien preside y aquellos que le sucederán en la presidencia.
Tanto en la cumbre social, donde CCOO intervino en representación de los sindicatos españoles, como en la cumbre europea se pusieron de manifiesto la dificultad de articular un marco común de actuaciones frente a la crisis y, como luego se pudo comprobar en Londres en la reunión del G20, la disparidad de criterios para consensuar un plan de actuaciones a escala internacional.
La UE, a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo, aparece ante la ciudadanía carente de impulso, debilitada frente a otras áreas del mundo, con riesgos serios de renacionalización de la iniciativa política; hechos que, además de restar eficacia a la acción en cada uno de los países, están logrando un incremento del euroescepticismo, que sin duda se va a manifestar con un creciente desapego de la población, que hoy amenaza con expresarse en forma de una altísima abstención en dichas elecciones.
La ampliación de la UE, mal digerida en lo político; el embarrancamiento del proyecto de Constitución Europea; el clima de inseguridad que la globalización sin reglas ha producido en sectores numerosos de la ciudadanía europea y que se proyecta contra las instituciones de la UE; la insensibilidad social que manifiestan y los intentos de recortar derechos laborales, a través de iniciativas legislativas o de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE); la falta de liderazgo personal y colectivo de unos partidos políticos europeos desprovistos de fuerza, coherencia y proyección; el continuo abordaje, por parte de responsables políticos y medios de comunicación, de los grandes temas europeos en clave de las miopes políticas nacionales , son los aspectos, con algunas otras razones, que han sumido a la UE en un estado de aguda debilidad política y de gran distanciamiento entre sus instituciones y la población.
El que esto ocurra en un momento de profunda crisis, pero también de esperanzas de cambio, es particularmente lamentable no sólo para la UE, sino para el resto del mundo, que debería tener a Europa como modelo de integración económica, social y política.
El movimiento sindical europeo, agrupado en torno a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) viene luchado por revertir esta tendencia. Se comprometió con el proyecto de Constitución Europea, presionó para frenar las directivas de tiempo de trabajo y de servicios y promueve un Pacto social europeo que permita afrontar la crisis también en el marco de la Unión Europea, sobre el restablecimiento del derecho del trabajo frente a la prevalencia de la regulación mercantil, sobre la protección y la cohesión social, frente aquellos que apuestan por el debilitamiento del Estado del Bienestar que ha sido seña de identidad del modelo social europeo.
Contribuir a superar esta situación, desde la crítica y la propuesta, es la prioridad del sindicalismo europeo y de la CES, y por ello nos movilizamos, de manera extraordinariamente masiva los pasados 14,15 y 16 de mayo, primero aquí en Madrid, después en Bruselas, Berlín y finalmente en Praga.
En mi opinión, la UE debe dotarse de una mayor consistencia, coherencia política y protagonismo. Urge un nuevo impulso a la integración política, que genere nuevos mecanismos de intervención pública en el conjunto de la Unión, que garantice derechos sociales y laborales homogéneos; es decir, derechos de ciudadanía europea en los distintos países y que huya de las tentaciones nacionalistas, que no suponen ninguna solución económica y que únicamente contribuyen a alimentar reacciones xenófobas. Llamaremos a la participación electoral, somos los primeros interesados en el reforzamiento de las instituciones europeas. En las próximas elecciones no se dirime únicamente la composición política del Parlamento Europeo, se dirime también cómo Europa enfrenta la crisis y el papel que ésta va a jugar en un nuevo concierto económico y político internacional.
En este contexto, España, que no está al margen del escenario económico internacional, vive su propia crisis fruto del agotamiento de un modelo de crecimiento que ha explotado por demasiado tiempo ventajas competitivas asociadas casi exclusivamente a los costes del trabajo.
El dato conocido sobre la evolución del PIB con una caída del 3% en tasa interanual es muy negativo y supone el peor resultado de la economía española desde la transición.
Los efectos que esta fuerte caída de la actividad económica está teniendo en el empleo en este mismo período han sido también dramáticos; el desempleo se ha situado en un 17% de la población activa, con más de cuatro millones de desempleados, y el diferencial entre el paro registrado y la EPA apuntan a un importante crecimiento de la economía sumergida, así como al crecimiento de una nueva bolsa de inmigrantes en situación de irregularidad, sobrevenida como consecuencia directa de la permanencia en el desempleo de una franja creciente de los mismos.
El crecimiento del desempleo en España tiene como origen la incapacidad de la economía para absorber el crecimiento de la población activa y la destrucción de puestos de trabajo.
El proceso de destrucción, que comenzó en la construcción residencial y los servicios vinculados a la misma, se ha extendido por el conjunto de los sectores de la economía, incluida la industria.
La altísima proporción de trabajadores temporales sobre el total de asalariados, cuyos costes de despido son prácticamente nulos, ya que la mayor parte de los despidos se hace a la finalización de los contratos, está detrás de esta fuerte caída del empleo, un millón trescientos mil trabajadores menos que hace un año.
Estamos, por tanto, sufriendo un ajuste pasivo de la crisis, lo que evidenciaría la escasa eficacia --dada la magnitud del problema-- de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacerle frente, pero también las enormes debilidades del modelo de crecimiento desarrollado en nuestro país en los últimos años, basado en la especulación inmobiliaria y en la especialización productiva en sectores con bajos niveles de innovación y productividad, bajos salarios y alta precariedad.
En términos macroeconómicos, en la actualidad el principal riesgo de desequilibrio va a ser el déficit público, ya que la prácticamente estabilización del IPC en los últimos meses, con algunos ligeros decrecimientos en algún mes, está haciendo que, por ahora, la inflación haya dejado de ser un problema en términos de diferencial con la UE, apenas medio punto en febrero de 2009.
La mayor contracción de las importaciones con una reducción en volumen del 30% en enero de este año (las exportaciones han disminuido en un 23%) está suponiendo una reducción del déficit exterior, en el cuarto trimestre de 2008 era del 7,8% del PIB frente al 9% de la media anual, aunque aún se mantiene en volúmenes elevados.
El crecimiento de los gastos derivados de las políticas anticíclicas, principalmente el gasto en protección por desempleo, así como el esfuerzo inversor desarrollado por el Gobierno en obras públicas para reducir la sangría de empleo en el sector de la construcción, con unos ingresos que se están reduciendo por efecto de la menor actividad económica, puede suponer un déficit del Estado al final del año de un 7%.
Es verdad que hay margen de endeudamiento, ya que las previsiones oficiales son que la deuda pública llegue al 46% del PIB este año, aún muy por debajo de la media de la UE que está en un 68%. Pero un rápido crecimiento del endeudamiento público puede añadir dificultades a la recuperación del crédito para las familias y las empresas.
Por eso, las mayores necesidades de gasto público que demanda la actual crisis económica deben ser cubiertas, en primer lugar, por nuevos ingresos fiscales, lo que requiere una vuelta atrás en el proceso de desfiscalización de las rentas altas experimentado por la hacienda pública en el último decenio. Es decir, una subida de los tipos máximos del IRPF y el restablecimiento del impuesto del patrimonio, o un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, así como reactivar la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido debería considerarse la supresión de los 400 euros del IRPF, así como potenciar la red pública de educación 0-3 años frente a los 2.500 euros de subvención por nacimiento de un hijo.
Las causas de la situación que vivimos en España, hay que reiterarlo, no residen en el mercado laboral; las razones últimas de la profundidad de la crisis no hay que buscarlas ahí. Algunos sectores de opinión han dedicado ingentes esfuerzos a intentar convencer a la sociedad de que únicamente la situación internacional era la que estaba provocando la caída, en picado, del ciclo económico de bonanza en España, con las consecuencias derivadas de destrucción de empleo y deterioro social.
España habría entrado en crisis aun sin crisis internacional. Ésta, cierto es, ha venido a empeorar lo que ya presentaba síntomas evidentes de gravedad.
La crisis española tiene características propias, derivadas de un tejido productivo, el español, que arrastra déficit estructurales, que se muestra incapaz de competir en un mundo de economía abierta, como pone de manifiesto el desequilibrio en la balanza comercial aun en unas circunstancias como las actuales, que no se puede compensar con llamamientos voluntaristas al consumo de bienes y servicios españoles.
La crisis española se produce por el agotamiento de un modelo de producción que ha servido, aprovechando unas determinadas ventajas competitivas propias de nuestro país, para el impulso del crecimiento económico y la modernización de España en las últimas décadas. Ese impulso ha llegado a su fin. Se ha alargado durante excesivo tiempo la explotación de esas ventajas competitivas muy vinculadas al factor coste de trabajo, incluida la protección social, descuidando la necesaria e imperiosa transformación del patrón de crecimiento.
Las reformas parciales que se han venido sucediendo han puesto el acento donde no había necesidad, con el propósito de estirar el mantenimiento de esas ventajas a las que antes aludía. Esas reformas que pretendían seguir explotando la misma veta y privilegios son defendidas por sectores muy influyentes y sus altavoces mediáticos; según ellos, para aumentar la competitividad y la productividad de nuestras empresas hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores y replantearse qué Seguridad Social queremos y nos podemos permitir. CCOO ha rechazado esta tesis, porque nos parece una fuente exhausta y ya exprimida hasta la última gota.
Desde CCOO planteamos una alternativa de trabajo distinta que, poco a poco, se va abriendo paso en la sociedad. Las críticas fueron feroces cuando explicitamos que no estábamos en disposición de aceptar la congelación generalizada de los salarios en la negociación colectiva.
Como por esta vía no hallaron luz, quisieron cobrarse otra pieza básica, la reducción en 3 puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social. Así las cosas, se entenderá el desacuerdo en la renovación del ANC para 2009.
Seguimos sin compartir la idea de que para salir de la crisis hay que abaratar los costes salariales directos e indirectos. Parece obvio que no se puede combatir con eficacia la caída del consumo detrayendo recursos que pudieran incentivar aquel. Además, la deflación que se apunta en el horizonte puede agravar los síntomas de la crisis y traer como consecuencia mayor destrucción de tejido industrial y de puestos de trabajo.
En este contexto, también hemos rechazado la tesis de una supuesta reforma laboral que flexibilizara aún más nuestro mercado de trabajo. Las estadísticas recientes avalan nuestra posición de que la flexibilidad sin más no crea puestos de trabajo, ni estables ni temporales. En España el despido no es caro ni el mercado laboral rígido, son mitos que nos quiere imponer un discurso ya superado por la realidad.
Hay una cultura de empresa muy extendida en nuestro país que dice que la temporalidad, con tasas que han venido oscilando entre el 27% y el 35%, ha sido la causa de nuestro despegue económico y del crecimiento espectacular del Producto Interior Bruto (PIB), lo que nos ha llevado a crear el doble de empleo que la media europea (zona euro). Una afirmación que se puede responder con otra: la economía española duplica la tasa de destrucción de empleo de la media europea, y lo hace con mayor velocidad.
Un ejemplo de lo que acabo de afirmar lo encontramos en los recientes indicadores sobre la evolución del PIB en el primer trimestre de 2009 en los países de la UE y su repercusión en el empleo. Mientras España es uno de los países en que menos cae la economía, en comparación a Francia, Alemania o Italia, es sin embargo, el país en que más empleo se destruye.
De hecho, de los empleos perdidos en España únicamente el 6% se producen a través de los Expedientes de Regulación (ERE), el 35% vienen del despido individual y casi el 60% se originan por la no renovación de los contratos.
Es el uso y abuso de la temporalidad, el continuo fraude de ley en la contratación, la ausencia de controles administrativos fruto de una Inspección de Trabajo infradotada, lo que hace que en nuestro país se destruya tan masiva y rápidamente empleo.
Por su parte, el coste del despido objetivo en España es de veinte días por año. Sólo el despido declarado improcedente por un juez recibe una indemnización de cuarenta y cinco días, y siempre que la contratación no se haya hecho con la última modalidad acordad con los sindicatos en 1997, en cuyo caso es de 33 días por año. La inmensa mayoría de los despidos que se producen en nuestro país, al venir, como he comentado, de la no renovación de los contratos o de contratos temporales, no suponen ningún coste para el empresario o se limita a ocho días por año trabajado.
Ésta es la clave del rechazo sindical a la propuesta de contrato único. El contrato único supondría un paso más en la ruptura del principio de causalidad, en este caso acompañado de la causa de la extinción del contrato de trabajo, puesto que es solo la voluntad unilateral del empresario y su libre valoración de las circunstancias que aconsejan su acción las que hacen posible la extinción del vinculo contractual, cuyo efecto más grave no sería la reducción del coste del despido, sino la descausalización de la contratación y la eliminación de la tutela judicial.
Por tanto, no estamos ante una nueva figura contractual para superar la dualidad existente en nuestro mercado laboral, algo que a CCOO también le preocupa, sino ante una fórmula que con la apariencia de nueva no persigue otra cosa que recuperar la tasa de ganancia perdida en estos momentos por la vieja vía de seguir presionando a la baja sobre los costes laborales.
Tampoco creemos que la solución a los problemas actuales, en relación a la competitividad de las empresas, venga por la reducción de las cotizaciones sociales. Lo que sostienen las organizaciones patronales, de llevarse a efecto, supondría transferir a excedente empresarial directamente, y de una sola vez, 11.500 millones de euros, al tiempo que al finalizar el año en curso la Seguridad Social arrojaría un déficit de 9.000 millones de euros. En un máximo de 7 años, si se aplicara una medida de este calado, nos llevarían por delante el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al poco tiempo el Sistema Público de Pensiones. No compartimos las tesis expuestas. Estamos trabajando en la dirección opuesta, aportando ideas, realizando propuestas y elaborando alternativas que pongan a los trabajadores en el centro de la cuestión. Contra los derechos de los trabajadores no existe solución ni alternativa social viable.
Si lo que realmente se quiere es enfrentar el problema de la productividad y de la competitividad de las empresas, uno de los mayores déficit de la economía española, vuelvo a reiterar, las soluciones no pueden buscarse, como sistemáticamente reclaman determinados sectores, en reformas regresivas del mercado laboral, que no dejan de suponer una suerte de flexibilidad externa, que acaba siempre acarreando más desregulación, temporalidad y, al final, desempleo.
Por el contrario, hay que impulsar medidas que incrementen la eficacia en la utilización de los factores productivos superando la brecha que mantenemos todavía con respecto a la media de la UE, en asuntos como la dotación de infraestructuras, las inversiones en Investigación, Desarrollo e innovación -donde hay que destacar especialmente el escaso esfuerzo tecnológico de las empresas- la baja difusión de las tecnologías de la información y la comunicación o los niveles relativamente más bajos de la cualificación de la fuerza del trabajo, que se reflejan en indicadores como el menor desarrollo de la formación profesional o los elevados índices de abandono escolar.
Incrementar, en definitiva, los niveles de productividad de nuestra economía exige, cambio tecnológico, formación y estabilidad en el empleo y una eficaz organización del trabajo. Para ello, el papel de la negociación colectiva es crucial.
La reforma de 1994 vino a hacer disponibles para el convenio colectivo elementos importantes para la relación laboral, antes reservados a la Ley. Pero lo que podría haber sido utilizado para dar un salto cualitativo importante se vio limitado, a mi juicio, por dos factores: La reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores y la falta de coraje para normar la participación sindical en la empresa, equiparando el modelo español al de buena parte de los países de la UE.
El acuerdo de 1997, si bien permitió dar pasos importantes, apenas pudo corregir alguna de las disfunciones del convenio colectivo y la reforma del 2001 embarrancó en el arrecife de los convenios de empresa.
CCOO está dispuesta a participar del debate sobre la reforma de la negociación colectiva en España. Soy consciente que proponer reformar la institución de la Negociación Colectiva tiene menos impacto mediático que hacerlo de la contratación laboral, pero de lo que no me caben dudas es de la necesidad de una y la inconveniencia de otra.
Desde nuestro punto de vista, esta reforma que debería afectar fundamentalmente a la estructura de la negociación, articulación, concurrencia y sujetos legitimados tendría que suponer una mayor implicación del sindicato en la empresa, en la organización del trabajo, lo que, junto a una mayor inversión en innovación y desarrollo tecnológico, llevaría aparejado un incremento de la productividad muy necesario para garantizar una mayor capacidad competitiva de nuestros bienes y servicios.
Apostamos por la flexibilidad interna en la empresa, gobernada entre sindicatos y empresarios desde el seno de la misma y desde los sectores productivos frente a la flexibilidad externa.
En esta misma dirección es necesario, también, abrir un espacio de reflexión y negociación sobre la participación institucional de los agentes sociales. Ámbitos de participación plenamente consolidados en la práctica totalidad de los países de la UE-15, países que, como hemos visto, son menos vulnerables a la destrucción de empleo.
Sirva como ejemplo que una de las bases del capitalismo renano ha venido siendo la participación de los trabajadores en las empresas. De esta forma, en las propias empresas se toman decisiones no basadas en elcortoplacismodel mayor beneficio en el menor tiempo, algo que venían haciendo los especuladores a través de los fondos de inversión, que extendían sus tentáculos por la economía productiva despreciando conceptos como reinversión de beneficios, sostenibilidad empresarial, mejora de la calidad y cualificación del empleo, esfuerzo de innovación, etc.
Es indudable que una mayor presencia de los intereses de los trabajadores no sólo en el reparto de la riqueza generada en la empresa, sino también en las decisiones sobre la generación de esa riqueza, permiten que el marco de actividad empresarial esté presidido por otras motivaciones distintas a la del rápido enriquecimiento.
La generación de confianza entre todos los que hacen posible que una empresa funcione, la búsqueda de intereses colectivos más amplios, es la mejor garantía para que el proyecto empresarial consiga sus objetivos y la economía en general funcione con criterios de mayor equidad y responsabilidad social.
Como ya apuntamos desde CCOO antes del 9º Congreso Confederal: de la crisis no se sale deteriorando los derechos laborales y reduciendo el papel de los sistemas de protección.
A CCOO le preocupan las personas.
Detrás de las abrumadoras estadísticas del paro hay personas con nombres y apellidos, con necesidades y proyectos vitales que una sociedad como la nuestra no puede frustrar. Nos preocupan todos aquellos que queriendo trabajar no pueden hacerlo, los que buscan empleo y no lo encuentran, los que lo han perdido, los que se incorporan por primera vez al mercado laboral Nos preocupa el rostro generacional, de género y étnico que adopta el paro. En el caso de los y las trabajadores y trabajadoras inmigrantes en mayor medida, pues ellos no disponen de la red de seguridad que supone el núcleo familiar lo que les hace más vulnerables y fácil pasto de la economía sumergida o la exclusión social.
Valoramos el compromiso del Gobierno de que, más allá de las circunstancias coyunturales, se dará cobertura a las personas que han perdido o pierdan el empleo en esta situación de crisis. Pero no hay que olvidar que los sistemas públicos de protección social contra el desempleo, tanto en su vertiente contributiva como asistencial, no van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades si el ciclo bajista económico se extiende más allá de lo previsible. Ya se está conformando una zona de exclusión social muy preocupante; las cifras oficiales del desempleo indican que son más de un millón de ciudadanos los que no reciben prestación, que se solapan, quizás, con la economía sumergida y las personas perceptoras de rentas básicas o salarios de inserción.
Los datos reales son desconocidos porque falta coordinación eficaz entre las distintas Administraciones Públicas, incluidas las comunidades autónomas, que tienen competencias en este terreno transferidas por el Estado.
Esta realidad, que bien se puede calificar de emergencia es lo que lleva a CCOO y UGT a proponer un Acuerdo por el empleo y la protección socialpresentado ayer mismo a la sociedad a través de los medios de comunicación.
Las alternativas sindicales que encierran la propuesta citada persiguen un doble objetivo:
En primer lugar, intervenir para hacer frente a la actual coyuntura de crisis: protegiendo más y mejor a quienes más la sufren; reactivando la economía para evitar que se siga destruyendo empleo y reformando nuestro sistema financiero para garantizar el flujo de crédito a las familia y empresas.
En paralelo, proponemos actuar con visión estratégica para cambiar el patrón de crecimiento que ha seguido la economía española hasta la fecha y que es responsable, en gran medida, de la situación por la que atravesamos: debemos apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, por mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo, y por consolidar y ampliar nuestro sistema de protección social.
La primera preocupación deben ser las personas. Particularmente las que están perdiendo el empleo o no pueden acceder a él.
La caída de la actividad económica está suponiendo una gran destrucción de empleo. Una parte significativa, ya lo he apuntado, son jóvenes, mujeres e inmigrantes que tenían contratos temporales, caracterizados por bajos salarios e insuficiente tiempo de cotización como para acumular derechos de protección por desempleo, lo que está provocando que muchas personas y familias tengan escasas expectativas de garantizar unas mínimas condiciones de vida.
El riesgo de incremento de la exclusión social es evidente y para evitarlo tenemos que: ampliar y mejorar la protección por desempleo; adoptar mejoras en la Renta Activa de Inserción; conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo; reorientar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo y mejorar su funcionamiento; reformar la legislación concursal;
Reactivar la economía
Simultáneamente hay que actuar para evitar que el desempleo siga creciendo e, incluso, para que se generen nuevos puestos de trabajo, y ello sólo es posible si intervenimos para reanimar la actividad económica. Actuar en este sentido requiere una decidida iniciativa pública (inversión directa en infraestructuras y sectores económicos, garantías para que fluya el crédito ) a fin de que se generen las condiciones en las cuales el sector privado encuentre los estímulos y garantías suficientes para mantener las actuales iniciativas empresariales o iniciar nuevos proyectos.
Para
ello proponemos: acometer nuevos programas de inversión pública,
tanto en lo que se refiere a la dotación de infraestructuras físicas
como tecnológicas, que apuesten por la anticipación de obra pública
prevista en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), que vertebren el territorio y establezcan una red
transversal de comunicaciones; adoptar medidas encaminadas al aumento
del parque de viviendas en alquiler, mediante una acción concertada
del conjunto de Administraciones Públicas y el sector privado;
abordar un plan de rehabilitación urbana y de vivienda residencial,
con especial atención al aumento de la eficiencia energética;
acelerar la construcción de los centros educativos y sanitarios
públicos; desarrollar la aplicación de Ley de Dependencia;
Revisar el funcionamiento del sistema financiero
En las condiciones actuales en las que no está fluyendo adecuadamente el crédito a las familias ni a las empresas, a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, es clave normalizar el funcionamiento del sistema financiero español como intermediario entre el ahorro y el crédito, que presenta sus propias deficiencias como suma de causas bastante complejas.
La diferencia en los vencimientos entre la deuda de las instituciones financieras españolas con inversores extranjeros (más de 200.000 millones de euros en el plazo de dos años) y la que mantienen con ellos los agentes económicos españoles (plazo medio superior a los veinte años), el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas y los fallidos provocados por la crisis (en una proporción y cuantía elevada corresponde a promotoras inmobiliarias), complican bastante la generación de nuevo crédito.
Por otra parte, la garantía de crédito de las pequeñas y medianas empresas es un elemento muy importante para mejorar el funcionamiento de la economía española, pero la amplitud y el volumen de recursos de las medidas aprobadas hasta la fecha ponen en evidencia la capacidad de un organismo tan pequeño como el ICO (menos de doscientos trabajadores) para poner en práctica un número tan elevado de expedientes con un criterio adecuado de eficiencia.
En estas condiciones nos planteamos: que el Estado fije objetivos concretos de recapitalización de entidades para que puedan relanzar su actividad; condicionar las ayudas públicas al sector financiero a que las entidades hagan el máximo esfuerzo en reforzar sus reservas, renunciando temporalmente al reparto de dividendos y destinando sus beneficios a reforzar su estructura de capital; promover la creación de sistemas de cooperación o integración estables entre las cajas de ahorros y cooperativas de crédito; defender la naturaleza jurídica de las cajas; abordar procesos de cooperación, integración o fusiones de cajas de ahorros; incrementar las líneas de crédito del ICO, favoreciendo su efectividad real y reforzar adecuadamente sus recursos humanos.
Ya
he adelantado que la propuesta de Acuerdo se compone, también,
de una serie de alternativas llamadas a favorecer el necesario
cambio de modelo de crecimiento -es lo que se podría denominar
medidas estratégicas- cuyos resultados seguramente no serán
visibles más que en el medio y largo plazo, pero que hay que
acometer sin tardanza si de la crisis queremos salir con una
economía más reforzada y más cohesionados socialmente.
Una base industrial sólida que invierta en I+D+i
El excesivo protagonismo del sector de la construcción y de los servicios en el desarrollo económico de estos últimos lustros ha generado un gran crecimiento de la economía y del empleo, pero, como se ha demostrado, las bases en las que se ha sustentado eran frágiles, hasta tal punto que la situación desde la que España aborda los retos de la competitividad no es la óptima. Nuestro país se sitúa en una posición rezagada con respecto a los principales líderes tecnológicos y del conocimiento europeo y mundial, ya que se encuentra dentro de un amplio grupo de países que han basado su ventaja competitiva en sus menores costes laborales, más que en factores de calidad y cualificación.
La presente crisis nos obliga a cambiar el patrón de crecimiento para que éste se fundamente sobre bases sólidas, y para que, junto a una mayor prosperidad general, se consiga mayor cohesión social y haga que nuestra economía sea menos vulnerable a los cambios de ciclo.
Para
ello es indispensable: desarrollar la sociedad de la información;
ordenar y priorizar las inversiones públicas en I+D+i en toda la
actividad productiva e incrementar el gasto privado en esta materia;
dotarse de una Ley de Ciencia avanzada; realizar un plan industrial
que afronte el diseño industrial y la calidad de los bienes y
servicios; reactivar el fomento de una política sectorial activa
que apoye el desarrollo de la industria, los servicios de valor
añadido, el turismo y la construcción productiva y no
especulativa; crear un marco regulador de la política energética
que asegure el abastecimiento, la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), la eficiencia y el ahorro energético,
todo ello en un marco tarifario estable, transparente y asequible.
Mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo. Mejorar la Formación Profesional (FP)
La cualificación de los trabajadores y trabajadoras es una de las claves fundamentales para el cambio de patrón de crecimiento. La formación de la fuerza laboral, junto a los necesarios cambios tecnológicos y de la organización del trabajo son las bases para incrementar la productividad y la competitividad que necesita nuestro aparato productivo.
Desde las reformas educativas implementadas en los años noventa, nuestro país ha superado una brecha histórica con los países de nuestro entorno en lo que a extensión de la escolarización obligatoria y a la universalización de la oferta se refiere; pero este avance, sin duda decisivo, no ha venido acompañado de los niveles de excelencia necesarios medidos tanto por el nivel de abandono escolar como por el número de estudiantes que superan con éxito la enseñanza secundaria superior. Por otra parte, la Formación Profesional de grado medio, pese a las sucesivas reformas, sigue apareciendo ante la sociedad como refugio del fracaso escolar, lo que incide en la carencia de profesionales suficientemente cualificados para satisfacer las demandas del mercado de trabajo en el marco de otro modelo productivo.
Esta situación es consecuencia, también, de que en los últimos años el sistema productivo en nuestro país ha generado una oferta de empleo polarizada en cuanto a niveles formativos, creando empleo en sectores intensivos en mano de obra y con escasa promoción y reconocimiento de la cualificación profesional, por un lado, y, en otro extremo, requiriendo cuantas más titulaciones y acreditaciones mejor.
Así, se ha alimentado, indirectamente, el abandono de los estudios de muchos jóvenes y la demanda de estudios universitarios, lo que provoca una «anomalía» en el nivel de estudios de la población española con respecto a la de otros países europeos: alto volumen de población con estudios primarios, baja tasa de población con enseñanzas medias y Formación Profesional, y una población universitaria proporcionalmente elevada. Es decir, abandono escolar, por un lado, y sobrecualificación, por otro.
Por su parte, la formación continua de los trabajadores y trabajadoras también ha experimentado un alto nivel de desarrollo desde que opera en España, pero, en términos comparativos, tampoco ha llegado a las cotas que nos permitan homologarnos a los países de nuestro entorno.
Al mismo tiempo, hay que reconocer que nuestra Universidad esta viviendo un tránsito hacia el Espacio Europeo de Educación Superior cuando menos controvertido, que demanda de un debate abierto a la sociedad.
Todo
ello nos lleva a proponer: Incrementar las plazas públicas de
educación infantil para niños y niñas menores de tres años;
poner en marcha medidas para atajar el alto nivel de abandono
escolar; garantizar la orientación en las etapas clave para que
nuestros jóvenes puedan decidir con criterio los estudios a seguir;
mejorar los resultados del alumnado en las materias de ciencias a lo
largo de todo su desarrollo curricular; extender programas de
aprendizaje de idiomas y nuevas tecnologías; potenciar los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, asegurando una
oferta suficiente y articulándola con los ciclos de FP de grado
medio; diversificar la oferta de ciclos de grado medio de Formación
Profesional; desarrollar la regulación de los certificados de
profesionalidad, adaptándolos, junto a los títulos de la FP
reglada, al Sistema Nacional de Cualificaciones; impulsar una red
pública de centros integrados de FP y desarrollar la red de centros
de referencia nacional; promover el reconocimiento de la
cualificación y la formación en la negociación colectiva;
favorecer la formación de los trabajadores y trabajadoras con más
dificultades para encontrar empleo; vincular la universidad española
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior con solvencia, potenciando
su faceta investigadora y mejorando la financiación pública.
Consolidar y ampliar la protección social
Cambiar el patrón de crecimiento es la apuesta estratégica para tener una economía más sana y, por tanto, menos vulnerable; pero para CCOO es, al mismo tiempo, el medio para que la riqueza generada se distribuya más equitativamente favoreciendo la cohesión social y, en esa medida, el medio más adecuado de evitar el riesgo de exclusión social y de acabar con las bolsas de pobreza. Ampliar los sistemas públicos que conforman el denominado Estado del Bienestar, además de jugar un poderoso papel anticíclico, es una garantía de que el crecimiento viene acompañado de mayor justicia social.
Los poderes públicos también deben manifestar su compromiso con el mantenimiento y crecimiento del empleo y con la recuperación económica, ampliando y mejorando la cobertura, equidad y calidad de los sistemas públicos de bienestar. En este sentido, deben promover la suficiencia y calidad del empleo en estos sectores y revisar la lógica mercantilista que se está instalando en la provisión de los servicios públicos.
Es por ello que, junto a la importancia que le damos a la mejora del Sistema Educativo y al Sistema Nacional de Salud, destaquemos nuestra decidida apuesta por el desarrollo y aplicación con los mayores estándares de calidad de la Ley de Atención a la Dependencia y a promover la permanente mejora de nuestro sistema público de pensiones.
La Ley de Atención a las Personas con Dependencia se construyó desde el diálogo social, en la pasada legislatura. Hasta entonces no disponíamos ni del reconocimiento del derecho de estas personas a ser atendidas dignamente ni de la red de servicios necesaria para ello. Su puesta en marcha se ha demostrado compleja y en no pocas ocasiones caótica, dada la diferente implicación de las CCAA en su desarrollo y aplicación. Consideramos que ha llegado el momento de subsanar estas disfunciones, y para ello proponemos: asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad en el empleo para la acreditación de las empresas; mejorar la financiación a las CCAA de la prestación de servicios, mediante la creación de un fondo de excelencia; urgir la puesta a disposición de los servicios de proximidad, como la ayuda a domicilio o los centros de día con el imprescindible protagonismo de las Administraciones locales; garantizar el despliegue del catálogo de servicios dentro de la red pública de servicios sociales de cada comunidad autónoma; e implementar las medidas formativas necesarias para garantizar la cualificación profesional de aquellas personas que se dediquen a estas tareas.
En España, a lo largo de estos últimos años y tras sucesivas reformas, contamos con un sólido sistema público de pensiones que se expresa, entre otras cuestiones, en el superávit con el que cuenta en la actualidad y en la cifra que ha alcanzado el Fondo de Reserva (58.000 millones). Este sistema tiene algunos retos de futuro: pagar más pensiones durante más tiempo y de mayor cuantía en un contexto de baja natalidad y, en la actual coyuntura, de destrucción de empleo.
Pero estos retos se pueden abordar desde dentro del sistema, acometiendo aquellas medidas que garanticen su sostenibilidad presente y futura. Para ello es fundamental no dar pábulo a aquellos que, vaticinando, en cualquier coyuntura, su inminente quiebra, ven en el deterioro del sistema público de pensiones una nueva oportunidad de negocio.
No hay una sola manera de garantizar el futuro de nuestro sistema público de pensiones, conscientes además de la necesaria mejora, sobre todo de las más bajas. Es necesario actuar, no sólo sobre el gasto, sino también sobre los ingresos. Así, la propuesta sindical de mejora progresiva del SMI se configura como una pieza clave para la mejora de las cotizaciones que entran al sistema, lo mismo que la calidad del empleo es determinante para el citado objetivo.
Así, para mejorar el sistema de pensiones públicas, y a expensas de lo que en su momento se pueda plantear tras conocer las deliberaciones de las fuerzas políticas reunidas en torno al denominado Pacto de Toledo, que aborda la sostenibilidad del conjunto del sistema, proponemos: la integración de los Regímenes Especiales en el General de la Seguridad Social (Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Empleados de Hogar); la jubilación anticipada por realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos; la jubilación flexible y el estudio de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos; alcanzar una estructura de población más equilibrada; la modificación de la estructura del sistema de pensiones complementarias;
Las líneas de intervención hasta aquí apuntadas son las que dan forma a la propuesta de CCOO y UGT de Acuerdo por el empleo y la protección social, corresponde ahora explicar cómo concebimos su construcción.
El movimiento sindical español ha acreditado una dilatada tradición en lo que a diálogo social y concertación se refiere; tanto es así que en diversos foros internacionales nos sitúan como ejemplo a imitar y no pocos conferenciantes se han especializado en difundir la experiencia española, reproduciendo algo similar, salvando las distancias, a lo que sucedió con la transición política.
Por tanto, ni CCOO ni UGT concebimos otro ámbito para dar vida a este Acuerdo que no sea el del diálogo social. Éste ha demostrado su eficacia en tiempos de bonanza. Ahora tenemos la responsabilidad compartida de demostrar que también es un instrumento útil en tiempos de crisis.
En julio de 2008 se suscribió la «Declaración por el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», con la que se inauguraba una nueva etapa del diálogo social en España. De aquel documento destacaban: un diagnóstico de la situación económica más en términos de desaceleración que de crisis, a pesar de que la insistencia sindical consiguió situar este término; una apelación a la concertación entre sindicatos y empresarios en la perspectiva de renovar los Acuerdos para la Negociación Colectiva (ANC), que se habían venido suscribiendo desde el año 2002, y la distinción entre las materias susceptibles de ser negociadas y acordadas (Seguridad Social y desarrollo del Pacto de Toledo, inmigración, Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral, juventud, dependencia, modernización de los servicios públicos de empleo, mejora de la formación profesional reglada y para el empleo ) y aquellas que se situaban en el terreno de la información y la consulta (las políticas de infraestructuras y medioambientales; las industriales y energéticas; las de investigación, desarrollo e innovación; las educativas; las sanitarias; las de vivienda; las económicas, fiscales y financieras ). Estábamos ante lo que se ha denominado «Diálogo Social Reforzado».
En menos de un año la situación económica se ha deteriorado hasta tal punto que hemos rebasado la cifra de los cuatro millones de personas desempleadas (según la EPA del primer trimestre). Hemos entrado en recesión y de la abultada inflación de la que hablábamos entonces hemos pasado a presenciar una fuerte moderación de la inflación con riesgo, incluso, de entrar en escenarios deflacionistas. De otra parte, el diálogo social mantenido hasta la fecha sólo ha cosechado resultados parciales, y algún que otro sonoro fracaso: no se ha podido renovar el ANC dadas las pretensiones empresariales de vincular la negociación colectiva a sus reivindicaciones más estratégicas (reducción de cuotas a la Seguridad Social, nuevo contrato con 20 días de indemnización, descuelgues generalizados ), y las medidas promovidas por el Gobierno para aumentar la protección al desempleo y estimular la contratación se aprobaron en el Consejo de Ministros sin acuerdo entre las partes. El diálogo social hoy está languideciendo.
En estas condiciones, la CS de CCOO junto con UGT, considera que la estrategia de diálogo social que se concibió en julio de 2008 debe reorientarse, a la luz de la evolución de los acontecimientos y es por tanto, es imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación social.
Volcar todos los esfuerzos de la sociedad para enfrentar la crisis, sus efectos más negativos en términos de destrucción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma asegurando la cohesión social, requieren de una negociación y compromiso sincero en el que se impliquen con capacidad de liderazgo el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
En consecuencia, éstos deben ser sus principales protagonistas y el marco para llevar a cabo esta negociación no puede ser otro que el del diálogo social.
Construir el Acuerdo requiere también reestablecer el nivel de interlocución directo entre sindicatos y empresarios, para lo cual sería necesario recuperar la lógica del acuerdo y abordar la reforma de la estructura de la negociación colectiva.
En un Estado fuertemente descentralizado como el español, las CCAA, que en estos años han asumido importantes competencias en todos los órdenes, deberán asumir un papel activo. El Gobierno central deberá coordinar las medidas que éstas ya están adoptando con las que se puedan acordar en el ámbito nacional.
El Acuerdo que proponemos deberá contemplar los compromisos concretos sobre las medidas urgentes que deben implementarse de forma inmediata (protección a los desempleados y desempleadas, reactivación económica, revisión del sistema financiero) y aquellas cuestiones más estratégicas (política industrial, I+D+i, mejora educativa y de la formación profesional, consolidación del sistema de protección social) que se abordarán posteriormente con objetivos, método y calendario previamente determinados. Todo ello supone superar la distinción, que se establecía en la declaración de julio de 2008, entre temas objeto de negociación y aquellos acotados a la información y la consulta, para pasar todos ellos al ámbito de la concertación.
CCOO es plenamente consciente de que tras alcanzar un Acuerdo como el que proponemos hay que garantizar su aplicación, y para ello es indispensable contar con suficientes recursos económicos, aun sabiendo que éstos no son ilimitados. Por tanto, así se debe plantear, cuando menos: flexibilizar, aunque sea temporalmente, los márgenes de endeudamiento y revisar la política fiscal aplicada hasta la fecha.
Hay quien ha querido ver en esta propuesta una suerte de reedición de los Pactos de la Moncloa.
Apostamos por un Pacto por la economía, el empleo y la cohesión social que debiera sustanciarse antes del verano entre los sindicatos, las organizaciones empresariales y el Gobierno, e incorporar a las Comunidades Autónomas a través de una Conferencia de Presidentes de CCAA.
Los Pactos de la Moncloa responden a un momento político y económico de la historia reciente de España que poco o nada tiene que ver con la actual. Entonces, ni los sindicatos participamos en la negociación, a pesar de que debíamos corresponsabilizarnos con las políticas salariales allí adoptadas, ni existía un marco consolidado de diálogo social.
Por otra parte, el paisaje político desde las elecciones gallegas y vascas ha modificado tan drásticamente los equilibrios parlamentarios que hace difícil imaginar que las formaciones políticas presentes en la Cámara se puedan poner de acuerdo en un tema tan propicio para la confrontación política como las salidas que se apuntan en nuestra propuesta para salir de la crisis.
CCOO considera que en momentos como los actuales la manera más eficaz de defender los intereses que representa y la forma más responsable de actuar, es dando una nueva oportunidad al diálogo y la concertación social. Es por esta razón que no nos dejamos arrastrar por aquellos generadores de opinión que de manera sospechosa nos están preguntando sistemáticamente qué estamos haciendo y para cuando una Huelga General. Si en algún momento debemos plantearnos recurrir a una medida tan drástica como ésta será porque haya fracasado la negociación y se arbitren medidas que atenten contra los intereses de los trabajadoras y trabajadores. En todo caso la adoptaremos libre y autónomamente, como siempre hemos hecho y no seducidos por los cantos de sirena de quienes quieren convertirnos en la infantería de su proyecto de sociedad.
CCOO no quiere quedarse en la superficie de los acontecimientos sino que estamos decididos a influir en ellos para modificarlos. Queremos crecer en densidad, en extensión, pero queremos crecer sobre todo en profundidad. Queremos estar cada vez más presentes en el mundo del trabajo pero también en la sociedad. Queremos profundizar nuestros lazos de amistad y colaboración con el mundo académico, de la cultura y la ciencia, con todos aquellos que pueden contribuir a que cambie el estado actual de las cosas.
No queremos caer ni en la autocomplacencia ni en el resistencialismo porque ambos, autocomplacencia y resistencialis
