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Expediente de regulación para el edificio Windsor

El incendio del edificio en Madrid no solo ha traído consecuencias estéticas, financieras o de seguridad para la zona o para la capital. También el aspecto laboral se ha visto afectado por este desastre, cuyo origen no ha sido aclarado suficientemente.


Este artículo se publicó originalmente en MADRID (Federación de Madrid) ,


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Lo cierto es que la empresa propietaria del edificio presentó expediente de regulación por causa de fuerza mayor, en la que se pedía la extinción de todos los contratos de la empresa (37 trabajadores).

Desde el primer momento, tanto los delegados de personal, como desde Comfia, nos pusimos en contacto con la dirección de la empresa para manifestarle que no podía tratarse de una extinción total, pues se estaban realizando trabajos habituales y se iban a seguir realizando. Además, la empresa había manifestado su interés por volver a construir el edificio y por tanto, la actividad iba a continuar.
Para los trabajadores de mantenimiento, limpieza, aparcamiento y recepción, pedimos a la empresa que tenia que buscar recolocaciones y que los que estuvieran en edad de prejubilacion se aplicara sobre esta materia, la jubilación gradual y flexible que marca la Ley.

Siempre entendimos que no se trataba de un expediente cualquiera, por la repercusión social y mediática que el asunto había tenido y que no era el caso de un pequeño comercio que por un accidente lo hubiera perdido todo.

Muy al contrario, la empresa Ason inmobiliaria, es propiedad de la familia Reyzabal, teniendo, además del edificio Windsor, parte de la propiedad de Torre Picasso y Torre Marbella y solventes negocios en el sector del espectáculo y del cine. Ason, hasta el día del incendio, era una empresa absolutamente solvente y con importantes beneficios.

Definitivamente, el 11 de Abril la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid ha resuelto el expediente, básicamente en los mimos términos que desde el sindicato proponíamos en nuestras alegaciones, ya que se desestima la extinción de los 15 trabajadores de la Administración, autorizando la extinción de los otros 22 contratos, recordando las obligaciones que en materia de prejubilaciones tiene la empresa.

Desde Comfia-CC.OO. lamentamos la nula posibilidad de negociación con la empresa, buscando en todo momento la menos indemnización posible, aun cuando dentro del los contratos a extinguir estuvieran algunos de los miembros de la familia propietaria.

Sobre los trabajadores que extinguen sus contratos, gracias a la intervención de CC.OO., la empresa ha buscado una recolocacion para buena parte de ellos en empresas del sector condiciones similares.
Simultáneamente con el expediente de Ason, también se había presentado otro para al empresa Izaro Films, S.A., también propiedad de esta familia.

Esta empresa no realizaba actividad cinematográfica desde hacia tiempo y por tanto, sus 3 trabajadores estaban cedidos a otras actividades de Ason o de otras empresas.

Desde CC.OO. interpretamos que la empresa pretendía aprovecha el momento para prescindir de trabajadores que no consideraba necesarios.

La comunidad de Madrid ha determinado no aceptar el ERE por causa de fuerza mayor por no considerarlo ajustado ni la realidad ni a la legalidad.

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