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Comparecencia en el Congreso de Diputados en relación con el Informe sobre factor sostenibilidad (por escrito)


ESCRITO dirigido por Miguel Ángel García Díaz a la Comisión del Pacto de Toledo del CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA en relación con la comparecencia solicitada sobre su participación en el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensionesMadrid, 19 de junio 2013


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Quiero excusar no poder realizar personalmente esta comparecencia debido a tener que cumplir con compromisos previos imposibles de cancelar. No obstante, envío este escrito donde expongo mi punto de vista sobre el tema para el que he sido reclamado por la Comisión del Pacto de Toledo.

El Comité de expertos sobre el factor sostenibilidad del sistema de pensiones finalizó sus trabajos el día 8 de junio de 2013 con un Informe final, al que concedí mi voto favorable añadiendo un voto particular sobre la fecha de aplicación de las dos fórmulas recomendadas.
La orientación de mi voto se apoya en varias causas. La primera es que el Informe defiende un sistema público de pensiones de reparto, es decir, con fuerte solidaridad entre generaciones que además, puede desarrollar un cierto grado de solidaridad a nivel personal, sectorial y territorial. Pero esta declaración no sería motivo suficiente para mi apoyo, si considerara que el sistema de pensiones propuesto no tuviera la posibilidad de proporcionar a los trabajadores pensiones suficientes que les permitan mantener un bienestar cercano al que disfrutaban cuando está trabajando.

El Informe advierte de forma clara y completa de los retos a los que se debe dar respuesta en el futuro próximo el sistema de pensiones que de no encontrarse la solución adecuada pueden convertirse en riesgos. La mayor esperanza de vida implica más años de percepción de la pensión. En la actualidad la vida media a partir de los 65 años es aproximadamente de 20 años y parece que en el futuro aumentará. Es, por tanto, una circunstancia a tener en cuenta para procurar un nivel adecuado de solidaridad entre cohortes y generaciones. Por otra parte, un sistema de reparto significa eso, repartir una parte de la renta creada por quienes trabajan en un determinado momento a la población que ha finalizado su vida laboral activa. Se trata de una transferencia de renta entre generaciones. Mayor crecimiento económico implica más recursos pero una senda de inferior aumento de la renta limita las posibilidades y, también esa posibilidad debe ser tenida en cuenta.  

Los sistemas de pensiones de reparto pueden incurrir en déficits presupuestarios circunstanciales, pero éstos no pueden ser eternos porque llega un momento en el que no se dispondría de recursos para hacer frente a las obligaciones. Por tanto, buscar su equilibrio presupuestario a largo plazo es un objetivo de toda la sociedad, tal y como recogió desde su inicio el Pacto de Toledo. Un sistema de pensiones debe ser viable hoy, pero también en el futuro porque quienes se jubilen en cualquier momento del tiempo deben tener la seguridad de contar con los ingresos precisos para cobrar su pensión. Esta debe ser una de las reglas del juego.

Adicionalmente, el sistema de pensiones español se enfrenta a un reto excepcional en su historia, pagar las pensiones a la generación baby boom, es decir, asumir de forma progresiva el pago de un 70% más de pensiones en 2046 (pasar de 9 a 15 millones). Un gran reto que debe ser asumido como una obligación de la sociedad porque estas personas trabajan muy duro ahora para asumir las actuales obligaciones del sistema de pensiones.

Las barras representan el número de pensiones vigentes en cada años (máximo en 2054 para después iniciar un ligero y lento descenso)La línea refleja la tasa anual en la que evoluciona el número de pensiones (el periodo 2024-2042 concentra la mayor intensidad con tasas anuales superiores al 1,5%).  

Con los ingresos actuales (en ningún momento han superado el 10,2% del PIB), se producirá un deterioro de la relación en pensión media y salario medio o, lo que es lo mismo, la pensión puede crecer en términos reales pero se alejará del objetivo de mantener un bienestar cercano al que tenía cuando el trabajador estaba en activo (primer párrafo de la p.21 del Informe). La tasa de reposición de esta generación disminuirá alarmantemente y, de esta forma, serán peor tratados que la generación anterior y posterior.

(En la p.21 del Informe) “Las previsiones actuales apuntan a que la tasa de dependencia aumentara de forma considerable en los próximos anos, como consecuencia del baby boom, a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar a un aumento importante del número de cotizantes.De no ser ese el caso, a pesar de que la pensión media real continuaría previsiblemente aumentando, La aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional y del Factor de Revalorización Anual darían lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio. Esta disminución podría dificultar la consecución de uno de los objetivos que la Unión Europea recomienda para los sistemas de pensiones: mantener unos estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que mantenía en su etapa activa.” 

El Informe recoge y advierte de todos estos riesgos, también del último, el más desconocido para la opinión pública pero también el más complicado acometer y solucionar. Ante estas circunstancias, el Informe enumera las posibles salidas. Asumir la pérdida en la calidad de vida o buscar otras soluciones. La más evidente, aumentar los ingresos del sistema público de pensiones (no solo con cuotas sociales sino también con impuestos como incorpora el Informe) para hacer frente a esa circunstancia hasta alcanzar niveles similares a la media de la Zona Euro. Aunque no lo concrete en números, significa pasar del 10,25% del PIB actual en España al 13,5% del PIB. (2010) que ya gasta de media en la Zona Euro porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom.

Elegir una u otra opción es competencia de los poderes públicos contando con la ayuda del Pacto de Toledo. Mi opción individual no ofrece ningún género de dudas: buscar esos ingresos adicionales para no dejar en la estacada a esa generación. Pero no puedo imponer mi opinión a todo el mundo, aunque si se lee atentamente el Informe se encuentra una referencia importante en el mismo sentido.

(En el segundo párrafo de la p.6 del Informe) “La segunda es que la clave está en que, para que pensionistas y activos puedan sostener niveles de vida adecuados, con pensiones medias en términos reales más elevadas, hace falta que los ingresos del sistema de pensiones crezcan a una tasa superior al número de pensiones. Esto es algo que el factor de sostenibilidad aflora, pero no crea. Es decir, si no lo aplicamos, sigue estando ahí el problema básico: que los ingresos tienen que crecer más que el número de beneficiarios si queremos que los pensionistas sostengan niveles de vida relativos equivalentes a los actuales. A nuestro entender esta es la mejor manera para garantizar el mandato del Articulo 50 de la Constitución Española, por el que los poderes públicos garantizaran, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”

Una de mis aportaciones en el Comité ha sido colaborar a obtener una redacción en el Informe que deje la puerta abierta a esa posibilidad de la acción de la política. Entre otras cuestiones porque con el Informe en la mano, quien elija deteriorar la relación pensión media y salario medio tendrá que explicar porque no quiere mantener un nivel de gasto como el de la media de los países de la Zona Euro y, para ello buscar los ingresos adicionales necesarios. No me parece una cuestión menor incluir de manera nítida este importante problema y su posible solución.

La aplicación de las dos fórmulas incorporadas como factor de sostenibilidad no condiciona el resultado de la pensión. La que contempla la evolución de la esperanza de vida es un parámetro más añadido a los actuales (número de años para calcular el porcentaje de la base reguladora, periodo utilizado para el cálculo de la base reguladora y edad de acceso a la jubilación) que poco a poco se está incorporando en los países de la Zona Euro. A legislación constante, el aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión inicial porque el pensionista la cobrará durante más tiempo (un concepto similar a la actual jubilación anticipada), pero es preciso recordar que el resultado final también es modulable, en caso de que los poderes públicos quieran hacerlo por algún motivo.

La fórmula de actualización anual de la pensión implica un cambio respecto al uso del IPC para mantener el poder adquisitivo de la cuantía inicial (aunque ahora no siempre se cumpla), pero en sí misma no determina ningún resultado, porque está influida por el número de pensiones a pagar, el nivel de gasto total del sistema y … los ingresos. Esta es una diferencia fundamental respecto a otras fórmulas utilizadas en países europeos, por ejemplo Alemania. Nuevamente, aparecen los ingresos del sistema y ¿quién decide sobre ellos al igual que del resto de los parámetros utilizados para determinar la pensión? los órganos y canales de decisión democrática, quienes son los únicos responsables del diseño y gestión del sistema de pensiones. Ningún gobierno se puede apoyar en esta fórmula para justificar un menor crecimiento de las pensiones.

La fórmula es simétrica en solicitar esfuerzos y permitir el acceso a ventajas a los pensionistas. La fórmula de actualización propuesta no es la más dura de la Unión Europea, como ha afirmado maliciosamente algún medio de comunicación convenientemente adiestrado, sino la más completa al recoger todas las variables que afectan al desenvolvimiento del sistema de pensiones. Entre otras cuestiones, es la única que permite inyectar dinero adicional al sistema. Si cualquier formación política procura los ingresos suficientes para alcanzar progresivamente el 14% del PIB de gasto (el previsto por la Unión Europea para España en 2050), la fórmula de actualización anual puede generar crecimientos anuales de la pensión superiores al IPC. Afirmar que la fórmula condena a los pensionistas a congelaciones o disminuciones de su prestación, es simplemente faltar a la verdad y quienes lo dicen deberían explicar cuáles son sus argumentos.


La línea azul corresponde al gasto en pensiones posible con los ingresos actuales sin incurrir en déficit en el periodo 2014-2060

La línea roja corresponde a la previsión de gasto en pensiones enviado por el Gobierno español al Marco Abierto de Coordinación de la Unión Europea después de la reforma de 2011.

Las líneas reflejan la diferencia entre ingresos actuales y gasto previsto en ambas proyecciones (máximo 4,2 pp del PIB en 2050).  


Las dos fórmulas recomendadas que forman el factor de sostenibilidad  son un instrumento que mantiene el sistema de pensiones sobre los carriles que ha definido la política, el lugar donde reside la soberanía popular. Un principio de jerarquía básico que el Informe deja claro desde el principio.

(En la p. 4 del Informe) “Esta Comisión de Expertos recibió el mandato de trabajar con esa materia prima, y es lo que ha hecho. Aunque el factor de sostenibilidad puede ser un elemento importante del sistema de pensiones, conviene dejar claro que el diseño de este sistema es competencia de los órganos de decisión democrática arbitrados por la sociedad española, quienes han contado con una ayuda crucial del Pacto de Toledo desde su creación.”

Eso sí, alertan sobre problemas que pudieran no ser tomados en cuenta de manera suficiente por los diseñadores de la política y que, si los dejan pudrir por motivos electoralistas o de otro tipo, pueden generar graves consecuencias en términos de equidad intergeneracional al exigir mucho más de los que deben a unas cohortes que a otras.     
Mi diferencia con el Informe se sitúa en el momento de aplicación. He elegido 2019 porque es el momento en el que se agotaría el Fondo de Reserva de no normalizarse en un tiempo razonable la situación económica de España y porque, en mi opinión, un cambio como éste requiere del tiempo necesario para que la población lo conozca en profundidad y, así evitar incertidumbres innecesarias en un tiempo ya demasiado difícil. 

Una cuestión muy importante, los retos y riesgos del sistema de pensiones español están ahí. Aunque no se aplique ningún factor de sostenibilidad, si no se dota el sistema de más ingresos, se producirá en el futuro no muy lejano una reducción significativa de la relación entre pensión y salario que, además, al no contar con mecanismos de alerta pueden derivar en repentinos e intensos recortes de la pensión cuando se considere insostenible el déficit. Entonces, la distribución de los esfuerzos por cohortes y generaciones será muy desequilibrada.

La sociedad española ha trabajado muy duro desde el Pacto de Toledo en 1993 para construir un sistema público de pensiones con prestaciones suficientes que se puedan pagar ahora y en el futuro, es decir, que permita a todos los trabajadores españoles vivir dignamente con la pensión que le facilita el sistema público. No ayudaría a tan loable tarea que quienes tienen que tomar las decisiones se guíen tan solo por tácticas electoralistas para conseguir intereses distintos de los que necesita verdaderamente la población española. 

Fdo: Miguel Ángel García Díaz


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